El despacho del exmagistrado Baltasar Garzón cobró 176.400 dólares (155.980 euros al cambio) por asesorar a dos magnates venezolanos por un informe jurídico para intentar desbloquear 200 millones de euros bloqueados en la Banca Privada de Andorra. El primero de ellos, Diego Salazar, está preso en Venezuela desde diciembre de 2017 y acusado de expoliar presuntamente y con ayuda de otros hasta 2.000 millones de la petrolera pública del país, llamada PSDVSA. El segundo, acusado de blanqueo y de liderar esa presunta trama, es Nervis Villalobos, viceministro de Energía del Gobierno chavista entre 2004 y 2006 e investigado también por sus finanzas en España.
El primer rastro público del trabajo del despacho de Garzón para los líderes chavistas llegó en abril de 2015, cuando el diario ABC desveló que el exjuez de la Audiencia Nacional había sido contratado por el BPA, el banco andorrano, para desbloquear las cuentas de magnates chavistas.
El diario citaba como fuente las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde, donde la Guardia Civil pinchó los teléfonos móviles de los gestores del BPA en España. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, la Fiscalía del principado ordenaba el bloqueo de las cuentas de los oligarcas venezolanos al sospechar que habían sido utilizadas para blanquear fondos de la corrupción.
Fue entonces cuando los gestores del BPA desvelaron por sus teléfonos que Salazar, primo del presidente de la petrolera venezolana y directivo de la misma, había contratado a Garzón «para que ataque». Dos días después, el exjuez explicó en la presentación de su libro El Fango, que su despacho se limitó a redactar un informe jurídico para el BPA, «no para Salazar», según recogen las crónicas periodísticas del evento. Es decir, que negó textualmente que el empresario acusado de corrupción fuera su cliente, aunque declinó identificarle aludiendo a su secreto profesional. El exmagistrado llegó a mantener incluso, según las mismas fuentes, que de algo tenía «que ganarse la vida» tras ser inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo para ejercer la judicatura.
Factura emitida por el despacho de Baltasar Garzón a los dos acusados venezolanos.
Una factura que contradice esos datos
Sin embargo, Salazar sí fue cliente del despacho de Garzón. O al menos así lo refleja la factura a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, por la que el despacho Ilocad facturó en septiembre de 2013 170.000 dólares más 6.000 euros de gastos a dos clientes: Diego Salazar Carreño y Nervis Villalobos Cárdenas.
La factura, con número 35/2013 fue emitida por un «Estudio del caso Diligencias Previas nº 3434/4122 (Andorra)», que necesitó según el documento «diversas reuniones del equipo internacional de abogados de Ilocad SL». Así, la factura fue girada por la empresa administrada por Baltasar Garzón, que según las herramientas de investigación mercantil, tiene en su poder el 100% de las acciones.
Portavoces del exjuez mantienen que Diego Salazar «no ha sido cliente del despacho y jamás se le ha defendido en ningún procedimiento judicial. A través de un abogado que actuó en interés del señor Salazar -explican desde Ilocad- este despacho y cuatro profesionales más realizaron una serie de trabajos dirigidos a un pre-estudio de un caso fuera de la jurisdicción española que le afectaba»
«Finalmente no se contrató la defensa de estos profesionales ni de Ilocad, por lo letrado solicitante, al que se facturaron los gastos producidos». Mantienen las mismas fuentes. Sobre el hecho de que la factura fuera a nombre de los dos venezolanos investigados y no a su abogado, desde el despacho explican que «se debe a un error de administración derivado de la transcripción de parte de un concepto de uno de los documentos técnicos en el que se reflejaba la posible hoja de encargo que nunca se llegó a contratar».
Es decir: Salazar y Villalobos no, pero un abogado que actuaba en representación suya, sí. Una fina línea con la que el despacho facturó 176.400 euros por estudiar un procedimiento que luego, según ellos mismos explican, nunca se llegó a contratar. «Por tanto, ni el señor Salazar ni el señor Villalobos han sido jamás clientes de Ilocad», insisten desde el despacho.
El destino de los dos venezolanos
En 2016 tras el estallido del caso Clotilde, Garzón mantuvo públicamente que el código ético de su empresa es «muy estricto», con unos límites «infranqueables», y recordó a los periodistas que la jueza encargada del procedimiento en Andorra había decretado el levantamiento sobre los 200 millones de dólares bloqueados a Salazar y Villalobos, algo que se hace, según recogió ABC sobre las declaraciones del propio juez «cuando no hay indicios de delito».
Sin embargo, la investigación de los dos venezolanos ha seguido su curso y no ha sido tan positiva para ellos como predecía Garzón. El primero, Diego Salazar, fue detenido por orden de la Justicia venezolana y permanece investigado, tal y como adelantó El País, en la trama andorrana del dinero enviado desde Venezuela. El segundo, residente en España, ha sido solicitado por Estados Unidos, donde la fiscalía le pide 45 años de prisión.
