El abogado denunciante, Eduardo León, informó a EL DEBER que entre 2013 y 2015 se realizaron transferencias por más de Bs 102,8 millones a al menos 20 cuentas privadas, bajo la justificación de proyectos de “desarrollo campesino”. Según el jurista, el entonces ministro Arce autorizó los desembolsos sin mecanismos de control y vulnerando normas de administración pública.
Dirigentes con mayores montos
En la lista presentada por León destacan los siguientes beneficiarios:
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Melva Hurtado Áñez (CIDOB): Bs 22.977.230
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Hubert Rivero Méndez: Bs 11.435.710
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Victoria Justiniano Gonzales: Bs 8.530.814
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Dionicio Flores López: Bs 6.748.141
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René Jiménez Ledezma: Bs 6.111.066
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Rolando Ali Garzofino: Bs 5.936.628
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Joaquín Salomé Apaza: Bs 4.134.066
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Julia Ramos Sánchez: Bs 3.453.487
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Celia Zúñiga Ortiz: Bs 3.310.985
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Jorge Choque Salomé: Bs 3.276.363
Otros diez exdirigentes de organizaciones sociales —entre ellos Félix Mendieta, Eugenio Cafia, Cresencio Yavi y Benito Corini— recibieron montos que oscilan entre Bs 2,4 y 2,9 millones.
Una segunda lista con más implicados
Además del primer grupo, el abogado anunció que presentará otra nómina con dirigentes de alto nivel del MAS que también habrían recibido depósitos del Fondo Indígena. Entre ellos se encuentran:
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Juanita Ancieta (Bartolinas): Bs 9.130.814
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Fernando Choque: Bs 8.210.096
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Hilarión Mamani (Conamaq): Bs 600.000
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Damián Condori (actual gobernador de Chuquisaca): Bs 600.000, cuando era dirigente de la Csutcb.
León precisó que uno de los casos más llamativos es el del exsenador Jorge Choque Salomé, quien presuntamente creó una comunidad ficticia para justificar un proyecto de Bs 2,9 millones.
El núcleo del caso
La Fiscalía sostiene que el delito central está en que dinero público fue depositado directamente en cuentas particulares, sin controles, sin verificación de proyectos y sin procesos administrativos válidos. La investigación apunta ahora a reconstruir la ruta de los fondos, identificar a todas las personas involucradas y establecer responsabilidades políticas y penales.
El Ministerio Público anticipó que en los próximos días solicitará más requerimientos y ampliaciones de investigación, mientras la audiencia de medidas cautelares de Arce definirá su situación jurídica.
