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Eva Copa asegura que no está en contra de la aprobación del proyecto de Ley 342, pero exige su socialización

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Por Antony Quispe

RC Noticias de Bolivia, 4 de noviembre de 2021. “No estamos en contra de la Ley de Planificación Económica”, afirmó la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, y agregó que esta norma “está respaldada con la ley 777 de 2016”, pero quiere saber cuáles serán los planes e implementaciones para la reactivación económica dentro de la urbe alteña.

La Ley 777 de 2016, en su artículo primero indica que “tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien”. Copa indicó que esta norma, aprobada durante su gestión como senadora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), respalda el proyecto de Ley 342.

Eva Copa cuando era senadora del MAS (2014-2020)

Sin embargo, objetó: “nosotros queremos que la Ministra de Planificación nos explique a las alcaldías cuáles son los proyectos que van a traer (…). Creo que estamos en nuestro derecho de saber cuáles son esos planes, programas, proyectos que va a traer el  Gobierno Central para la reactivación económica en nuestras ciudades”.

Observó que los entes ejecutores de estas implementaciones serán las gobernaciones y alcaldías, las que justamente no fueron participes de la Cumbre para la Reactivación Económica, desarrollada a nivel nacional con la participación de sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Cumbre para la Reactivación Económica realizada en El Alto

Asimismo, explicó que se mandó una nota dirigida al presidente Luis Arce para que la Ministra de Planificación, Gabriela Mendoza Gumiel, mantenga reuniones con el municipio y sectores sociales de El Alto para la explicación de los alcances del proyecto de Ley 342 “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”.

Finalmente, lamentó la nula socialización de la ALP para aprobar esta ley y recalcó que su primera función es hacer conocer a la población en su conjunto sobre sus alcances y el grado de participación de los entes en conflicto, ya que afecta tanto a municipios, gobernaciones como a universidades.

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