La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, negó este martes que exista persecución política en contra del exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas en el caso de la imputación formal por la cuestionada clausura del año escolar en 2020.
“No podemos politizar los casos en los que hay una clara comisión de delitos; en este hecho, el proceso se ha iniciado hace más de un año. Se han presentado las pruebas y después de más de un año se ha emitido la imputación. Eso demuestra que no hay persecución política”, dijo Ríos en una entrevista con la transmisión digital de La Razón Radio.
Asimismo, dijo que espera que se establezca responsabilidad civil en este caso, pero condicionó eso a que se determine, primero, una responsabilidad penal.
“Emergente del proceso penal tenemos dos tipos de responsabilidades: (la) penal, que implica determinar quién es el autor del hecho, y la responsabilidad civil, que implica establecer cuáles han sido los daños, el perjuicio económico que se hubiese generado con el delito”, explicó la funcionaria.
Ríos insistió en que la decisión de clausurar la gestión escolar en 2020 fue “una violación a los derechos humanos de los niños y jóvenes” que se vieron perjudicados en su formación. “Un ministro ha tomado una decisión unilateral, él la ha señalado sin el respaldo del consejo médico de entonces. Ha tomado la decisión de clausurar el año escolar”, cuestionó.
Lo que corresponde ahora —dijo la Viceministra— es que Cárdenas asuma defensa en este proceso, “que presente sus descargos” y que el juicio establecerá o no las sanciones del proceso que “según la normativa, establece una pena de entre cinco y 10 años de privación de libertad”.
“(La clausura del año escolar en 2020) es algo grave, no es un tema menor. Hay retraso en la formación (de los estudiantes) y eso no se va a recuperar (…). Son miles de estudiantes perjudicados. El estado ha perdido y han perdido los estudiantes”, reclamó.
La imputación formal en contra de Cárdenas y otro funcionario de su gestión fue dada a conocer el lunes por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Los están acusando penalmente por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y desobediencia a decisiones en proceso de amparo constitucional”, dijo entonces la autoridad.
La decisión de clausurar el año escolar en 2020 fue cuestionada por varios sectores sociales. Incluso, la Asamblea Legislativa censuró al exministro por considerar “injustificada” esa medida. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al entonces gobierno de Jeanine Áñez de revisar la medida y el Tribunal Constitucional anuló la Resolución 050/2020, del 31 de julio de 2020, con la que se dictó la clausura del año escolar de 2020.
Cárdenas fue posesionado en el cargo el 29 de enero de 2020, en la segunda reconfiguración del equipo de colaboradores de Áñez.
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