El investigador Juan Pablo Marca (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social) asegura que el MAS cooptó las organizaciones indígenas. La socióloga Norma Casanova plantea que aún hay tiempo para que los partidos piensen en la inclusión en sus programas de gobierno.
Juan Pablo Marca, investigador del Cejis, revisó los programas de gobierno para determinar si son incluyentes con los pueblos indígenas y afroboliviano. Así expuso sus conclusiones en el foro virtual Democracia plural y participación electoral informada.
Estado Plurinacional
En cuanto a la cuestión del Estado Plurinacional, PANBOL propone eliminar el concepto de lo plurinacional por considerarlo “altamente disociador y conflictivo en su aplicación”.
JUNTOS (ya fuera de la carrera electoral) plantea un Estado Republicano. Argumenta que “La inclusión y respeto a la diversidad son sólo posibles dentro de un régimen republicano que promueva los mismos derechos y obligaciones para todos, sin privilegios ni prerrogativas odiosas de ningún género”. El MAS considera necesario avanzar en la implementación del Estado Plurinacional y consolidar el horizonte del Vivir Bien.
Para Marca, el concepto de lo plurinacional permite el reconocimiento de las 36 naciones indígenas, más allá del discurso político desgastado. Señala que se comete un error en algunas opiniones: “Se lo asocia como parte de una construcción solo del MAS y no de los movimientos sociales”.
Autonomía indígena
La propuesta del MAS considera profundizar las autonomías en todos los niveles. Comunidad Ciudadana menciona el respeto a la libre determinación y a la autonomía por haber sido sistemáticamente violentados; propone el respeto a la independencia política de las organizaciones indígenas y campesinas. JUNTOS, en el marco del estado autonómico, plantea facilitar el acceso voluntario de los municipios indígenas a la condición de autonomías.
Consulta previa
EL MAS menciona la defensa y promoción de la consulta previa, libre e informada. Comunidad Ciudadana coincide y pide una nueva normativa para establecer procesos responsables de consulta. JUNTOS quiere reformular el enfoque del derecho para que sea un medio de consentimiento.
Territorio y gestión territorial
El MAS habla de manejo integral y sustentable y del respeto a los bosques; Comunidad Ciudadana quiere iniciar una auditoría a la actuación del INRA y canalizar apoyo tecnológico y financiero para proyectos productivos alternativos. JUNTOS decía que protegerá las TCO y las propiedades comunitarias. CREEMOS ve posible una alianza con el sector privado, además de una revisión de la dotación de tierras para asentamientos humanos. PANBOL también plantea, de manera general, proteger la riqueza.
Justicia indígena
Comunidad Ciudadana creará centros ciudadanos de justicia descentralizados de los municipios. JUNTOS quiere tomar en cuenta la Ley del Deslinde Jurisdiccional para darle efectividad a la justicia indígena. PANBOL plantea un solo sistema para aplicar el ordenamiento jurídico.
Salud y educación
Los planes se presentaron en febrero y no tomaban en cuenta la pandemia. CREEMOS dice que desde 2025 los servicios de salud y educación deben estar descentralizados y ser de responsabilidad de las regiones. El resto de los partidos coincide en que se debe tomar en cuenta la medicina tradicional y la universalización del servicio.
Medio ambiente e incendios
Se propone la modificación de normativas agrarias y ambientales, incluso de restricción a la exportación agroalimentaria. CREEMOS revisará las normas que permitieron focos de calor; Libres 21 se concentrará en el manejo de bosques. PANBOL quiere disminuir daños a los ecosistemas.
La presidenta, hace pocos días, planteó que derogaría los decretos incendiarios. De los 14, solo derogó un decreto. No es garantía que se diga algo de eso en el programa.
La mayoría de los programas mencionan de manera superficial los temas planteados por las organizaciones indígenas. No toman como sujetos de derechos a los pueblos. “Solo los utilizan para ganar el voto o quedar bien. Siguen viendo a los pueblos indígenas como un sujeto rural con prácticas tradicionales de sobrevivencia, al que el Estado debe asistir”, criticó.
“Si las alianzas están con el agronegocio y el empresariado, y los pueblos indígenas no están ahí, las decisiones se inclinarán hacia ese lugar”, advirtió.
En cuanto a la propuesta de un voto, un ciudadano, el investigador considera que se quieren revertir los avances después de más de 30 años. El TSE señaló que el Estado reconoce la preexistencia de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, además de su participación en el Órgano Legislativo a través de escaños especiales indígenas, que solo representan el 4% del total de la Asamblea Legislativa.
La socióloga e investigadora Norma Casanova recordó que la construcción de ciudadanía indígena se basa en el derecho a la diferencia. Esta construcción de la ciudadanía es válida para cualquier interpelación al Estado. Esto requiere reconocer normas sociales, económicas y culturales distintas. Por eso se habla de restitución de derechos vulnerados. El concepto se refleja en en hitos de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas a nivel internacional, como el convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y respeto a creencias, normas y procedimientos propios, creencias y lenguas.
La investigadora resumió los postulados republicanos respecto de la democracia: recordó que en 1826, para ser ciudadano era necesario ser boliviano, casado, mayor de 21 años. El que no sabía leer ni escribir no podía ser considerado ciudadano. Además, debía tener algún empleo o industria y, si era un trabajador o trabajadora doméstica, tampoco podía ejercer la ciudadanía: esa era la condición mayoritaria del indígena.
Todo permaneció más o menos igual durante más de un siglo, hasta que en 1938, se reconoció y garantizó la existencia de las comunidades indígenas. Ni siquiera la Revolución del 52 se libró de invisibilizar a los indígenas, que los mantuvo mimetizados en una noción universalista de ciudadanía. En la década del 60, la intelectualidad aymara elaboró demandas indígenas y en agosto de 1990 se produce la gran Marcha por el Territorio y la Dignidad, que congrega a pueblos del oriente boliviano.
En 1994 se promulgó la ley 1585 que otorga el carácter multiétnico y pluricultural al Estado boliviano. Se reconoce, protege y respeta los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, uso de recursos naturales, personería jurídica a sus organizaciones y reconocimiento de autoridades naturales. En 2006, la Asamblea Constituyente, con un 34% de mujeres y representación indígena, aprueba la Constitución.
“Hay una campaña en crisis y contradicción entre los programas y la vocería. Me da vergüenza cuando ponen a un candidato a debate y no leen su programa”.
La socióloga explica que un ideologema es una representación en la ideología de un sujeto en el que articulamos contenidos de la conciencia social. Hay símbolos con carga emocional como la plurinacionalidad, revalorización de la cultura, tierra y territorio, participación, inclusión. Mencionó símbolos como el patujú y la wiphala.
En cuanto a la participación de la mujer indígena en condiciones de elegir y ser elegidas y tomar decisiones, en los programas se ve que se vuelve a invisibilizar a la mujer indígena. “Es un retroceso frente a 2006. En cuatro fuerzas políticas hay 14 mujeres indígenas. Seis en JUNTOS, tres en CREEMOS, tres en el MAS y en CC, dos”, dijo.
En dos programas se menciona como prioritaria la identidad y la participación de los pueblos indígenas y también la participación de las mujeres, pero no se menciona a la mujer indígena. “Ese derecho a la diferencia es el paso hacia la igualdad. Es un concepto de equidad. De las 14 mujeres, ocho van como titulares y seis como suplentes. Están en lugares como el 53, otra en el 56 y en el 23 o 24. No van a ser elegidas”, comentó.
Respecto a la violencia, se menciona la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se habla de proyecciones hacia políticas públicas. Se dice que hay que prevenir la violencia, pero no se dice cómo.
Se plantea un Ministerio de las Mujeres, pero quitaron la particularidad de ser mujer e indígena. En dos de cuatro programas habla de eliminar todas las formas de violencia. El discurso, en conclusión, está presente pero de forma general.
“Los opositores al Estado Plurinacional no fueron capaces de retomar la lucha social en un discurso incluyente que restituya los derechos de las mujeres, que son vulnerados cada día. La demanda era eliminar la pobreza con rostro de mujer indígena”, criticó.
Lamentó que el discurso de los 90 fue cooptado pero no puesto en práctica en el anterior gobierno. En el intento por desmarcarse y no ser parecidos al gobierno anterior, se ha producido una falta de representación de mujeres indígenas en los programas de gobierno.
“Hay que fortalecer las capacidades también en la urbe. Si las mujeres somos solidarias unas con otras, podremos alcanzar algo”.
INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Adriana Peralta, del Conafro (Consejo Nacional Afroboliviano de Santa Cruz), dijo que escuchó a una sola candidata hablar del pueblo afroboliviano. «Solo pedimos que nos integren. Que nos traten de igual a igual».
Ygnacio Urapuca, de la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (Apisacs) dijo: “¿Cómo incidir sin perder la independencia de partidos? Cuando hay un candidato indígena, los partidos lo condicionan, porque buscan sus intereses”.
Julia Chiqueno, de la comunidad Degüi, señaló que los jóvenes bachilleres no pueden salir adelante porque no acceden a becas. “¿En qué momento, como jóvenes, podemos tener oportunidades? Los ayoreos no pueden ingresar a la universidad. No he visto eso en los programas de gobierno. Las becas son para el área rural, no urbana”.
Nila Añez Castedo, del pueblo chiquitano, señaló que falta acceso a educación superior y a fuentes de empleo para no emigrar a ciudades. Preguntó qué iniciativas tienen los candidatos para el cambio climático. “Los jóvenes indígenas somos mencionados pero no hay información de cómo apoyarnos. Tampoco se habla de derechos sexuales y reproductivos”, dijo.
Ana Mariela Evangelista, del pueblo guaraní, señaló que los candidatos no ven la realidad de comunidades alejadas que no tienen servicios básicos. “Vivo en una comunidad cerca del municipio y no tenemos electricidad. Las becas no llegan a los pueblos al 100%”.
Martín García, de la Central Indígena de Lomerío, cree que las propuestas son para ‘bandera’ política. “No profundizan sus propuestas. Retomemos las organizaciones. Apostamos por un indígena, pero fue otra mentira grande. Actuó como cualquier partido de derecha. Ahora estamos más fraccionados como organización. No hay unidad en las comunidades indígenas”, lamentó.
La dirigente chiquitana Nélida Faldín planteó la recuperación de las instituciones con agenda propia. “Volvamos a la unidad. Logramos mucho cuando estábamos unidos. Las colectividades nos unimos e incorporamos las demandas”, dijo.
Norma Casanova dijo: “Le digo a los candidatos que no le tengan miedo al discurso. Los pueblos no están en los programas de gobierno, pero pueden hacer que su discurso pegue y sea inclusivo. A la dirigencia: las lecciones nos llevan a pensar que hubo cooptación de la dirigencia. Hubo borrachera de poder en los dirigentes. No les dieron opción. No estuvieron en la instancia de toma de decisiones. Es necesario tener una agenda propia y saber, a nivel local, dónde podemos hacer incidencia El sistema de planificación del Estado tiene competencias en otros niveles. Si estamos unidos, podemos incidir ahí”.
Juan Pablo Marca se preguntó: “¿Por qué el MAS no cumplió la agenda 2006 a 2010? Porque cooptó a las organizaciones indígenas, que se volvieron gobierno y perdieron su autonomía. Los siete representantes no deben perderla. Serán parte del legislativo, pero las organizaciones que los propusieron tienen que ser críticas incluso con sus aliados. Los sectores que lo apoyaron no quisieron ser críticos con la repostulación y eso perjudicó al movimiento indígena”, propuso.
Estas declaraciones se realizaron en el marco del encuentro virtual “¿Cómo incorporan los programas de gobierno a los pueblos indígenas y afrobolivianos?” transmitido en directo por la plataforma Zoom, por Facebook Live mediante las páginas de Democracia Plural Bolivia y Apcob -Apoyo para el campesino-indígena del oriente boliviano y por radio Santa Cruz (AM y FM) para Charagua, San Javier, Lomerío, Concepción, Ascensión Guarayos y Santa Cruz de la Sierra. Este encuentro se realizó dentro del marco del proyecto “Tecnologías cívicas y ciudadanas: Innovaciones democráticas indígenas en Santa Cruz”. Organizaron el evento Apcob, Avina, Fundación para el Conocimiento Abierto y la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos.
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