Según medios locales, el ataque tuvo lugar en un fundo en la provincia de Arauco -650 kilómetros al sur de Santiago-, donde un grupo de 20 encapuchados amenazó a la familia de un guardabosques para posteriormente prender fuego a las casas donde habitaban él y su madre.
Ninguno de los dos se encontraba en el lugar, pero sí estaban presentes la mujer y la hija del guardabosques, que fueron amenazadas con armas de fuego, según el mismo relato.
El fuego también destruyó una bodega y un automóvil y en el lugar de los hechos se encontró un lienzo de la Resistencia Mapuche Lafkenche, un grupo radical indígena que se ha atribuido varios ataque similares en los últimos meses, el más reciente el pasado lunes.
«Insistimos: la violencia no tiene cabida como herramienta de reivindicación política en una sociedad democrática (…) Rechazamos los hechos de violencia», dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en un punto de prensa.
«Queremos dialogar con los que quieren dialogar, con los que quieren paz y los que quieran encontrar una acuerdo político para los pueblos originarios y en particular para el pueblo mapuche», agregó.
En varias regiones del sur de Chile existe desde hace décadas el llamado «conflicto mapuche» que enfrenta al Estado y empresas agrícolas y forestales de grandes grupos económicos con algunas comunidades indígenas de esta etnia -la mayoritaria en el país- que reclaman las tierras que habitaron durante siglos.
En el último año, esta disputa ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
Los terrenos que reivindican los mapuche fueron ocupados a fines del siglo XIX por el Estado chileno en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas o familias que descienden de colonos.
Ante el aumento de la violencia, la región de La Araucanía y dos provincias de la vecina región del Biobío (entre ellas la de Arauco) se encuentran desde mayo bajo estado de excepción, una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en el control del orden público.
