Denuncian uso irregular de bonos de personas con discapacidad en la Casa de Acogida Erick Boulter

La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz llevó a cabo una inspección ocular en la Casa de Acogida Erick Boulter, luego de recibir denuncias sobre una posible malversación de fondos provenientes del bono mensual de personas con discapacidad.

Durante la visita, los asambleístas Israel Alanoca, Lino Mamani, Silveria Choque, Clementina Usnayo, Aida Quispe, Maribel Chipana y Samanta Coronado acusaron públicamente a la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), Beatriz Churata, de haber utilizado estos recursos para la compra de mobiliario, como colchones, catres y colchas.

Según la denuncia, al menos 34 personas con discapacidad habrían sido afectadas, ya que sus bonos —de Bs 250 mensuales— fueron utilizados para cubrir necesidades del centro, pese a que estos recursos deben destinarse exclusivamente al uso personal de los beneficiarios.

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento Interno para la Administración del Bono de Discapacidad en centros administrados por el SEDEGES, está prohibido utilizar estos fondos para equipamiento institucional o beneficio de servidores públicos. Esta responsabilidad recae directamente en la Gobernación.

Irregularidades en compras
El asambleísta Israel Alanoca también denunció posibles irregularidades en los procesos de adquisición de insumos. Señaló que algunos productos habrían sido comprados con sobreprecio. Por ejemplo, colchones con un valor de mercado aproximado de Bs 700 habrían sido adquiridos en Bs 1.200. Asimismo, indicó que catres reportados como de madera roble serían en realidad de madera tuco, de menor calidad.

Denuncias internas
Por su parte, la ex administradora del instituto, Nancy Tapia, afirmó que fue retirada de su cargo luego de advertir estas presuntas irregularidades. Según su versión, la denuncia fue presentada ante el Gobernador del departamento de La Paz, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta oficial.

Se espera que las autoridades departamentales se pronuncien en los próximos días y se inicie una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.