APIA, APRISA y ASOSEMILLAS advierten altos niveles de ilegalidad en insumos agrícolas que afectan la producción, la salud y la economía nacional
El comercio ilegal de insumos agropecuarios en Bolivia alcanza niveles alarmantes. De acuerdo con datos presentados por la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA) y la Asociación de Productores de Semilla (ASOSEMILLAS), el mercado de plaguicidas ilegales, falsificados, adulterados o mezclados oscila entre 108 y 151 millones de dólares, lo que representa entre el 32% y el 44% de las importaciones legales.
El informe también revela que el 57% del uso de semilla de soya y maíz es ilegal, mientras que la fertilización ilegal alcanza al 69% del área agrícola. Estos datos corresponden a una Consultoría realizada para el período 2018–2024 por el Centro de Estudios Económicos (CEBEC) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), a solicitud de las instituciones.
A nivel global, la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen Interregional (UNICRI) estima que el 25% del comercio de plaguicidas corresponde a productos ilegales. Sin embargo, las cifras en Bolivia evidencian una situación aún más crítica.
El estudio fue desarrollado bajo el método de “Equilibrio Oferta – Demanda”, que compara las importaciones formales con la demanda real en campo, permitiendo identificar el volumen atribuido al comercio ilegal.
Las instituciones advierten que esta problemática responde a factores estructurales como la debilidad institucional y los controles aduaneros ineficientes, situación que se ve reflejada en la creciente oferta de estos productos en redes sociales y comercios informales.
El impacto del comercio ilegal de insumos agropecuarios es amplio y afecta directamente a la economía, la salud de los productores y consumidores, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la competitividad del sector exportador. Asimismo, se señala que este fenómeno limita la generación de empleo formal, ya que las actividades ilegales no contribuyen al sistema tributario ni a la seguridad social.
”Estamos frente a un problema estructural que no solo afecta al sector agropecuario, sino a toda la economía nacional, la seguridad alimentaria y la salud de la población. El crecimiento del comercio ilegal de insumos pone en riesgo la producción formal, desincentiva la inversión y debilita el desarrollo del país. Por ello, es urgente que las instituciones competentes articulen acciones efectivas y sostenidas para frenar este flagelo.” Afirmó Martín Ascarrunz, Presidente de APIA
Otro aspecto crítico es la desventaja para las empresas formales, que deben cumplir con procesos de registro y autorización que pueden durar hasta tres años, garantizando estándares de calidad. En contraste, los productos ilegales ingresan al mercado sin ningún tipo de control, desincentivando la inversión en innovación y desarrollo tecnológico.
En ese contexto, APIA, APRISA y ASOSEMILLAS reiteran la necesidad de una acción urgente y coordinada entre entidades competentes como el SENASAG, el INIAF, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Aduana Nacional y otras instancias vinculadas, con el fin de implementar una estrategia integral contra el comercio ilegal de insumos agropecuarios.
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— RC Noticias (@rcbolivia) March 20, 2026
