Por Rafael Rentería
RC Noticias de Bolivia, 8 de diciembre de 2021. Lo que comenzó como un conflicto privado, con la denuncia por violencia familiar de Valeria Rodríguez, tomó un giro inesperado al denunciar también al exfuncionario Antonio Parada por cobrar 800 ítems de manera ilegal en la gestión anterior de la alcaldía cruceña. Las autoridades correspondientes ya tomaron cartas en el asunto y se espera los resultados de la investigación.
El actual alcalde, Jhonny Fernández, y la Fiscalía ya se encuentran realizando las debidas investigaciones, por lo que el edil cruceño explicó que tomó la decisión de realizar las denuncias respectivas para que a futuro no recaiga sobre su persona la complicidad en el caso.
«Hay una gran preocupación y una molestia del pueblo, con mucha razón, pero era hora de mostrar cómo están las cosas porque si entro como alcalde y veo que hay algo irregular, yo no me puedo callar porque voy a ser cómplice. Por eso lo hice a través de la vía legal, que es el Ministerio Público, porque si esto seguía así, mañana aparecía una denuncia o una auditoría y me iban a poner a mí adentro en el baile», señaló Fernández.
Las autoridades del nivel central también manifestaron su preocupación. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que hay preocupación y molestia en la población cruceña, que ellos reclaman justicia y que se devuelva el dinero robado. De está manera, el Gobierno tomó la decisión de formar parte querellante en el caso y llegar al fondo sobre lo sucedido en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa.
“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, se ha apersonado dentro de este proceso para lograr de que sea completamente imparcial. Lo que quiere el pueblo cruceño es justicia y que se le devuelvan los recursos que se le han robado durante bastantes años”, señaló Del Castillo sobre la postura que tiene el Gobierno respecto al tema.
El alcalde de Santa Cruz manifestó que hace mucho tiempo ya había presentado denuncias y solicitado respuestas, sin embargo, no tuvo una respuesta, ahora que hay molestias por parte del pueblo cruceño, un caso que iba a ser archivado toma importancia en la agenda de las autoridades del gobierno central, como municipal.
“Temas y contratos fantasmas, eso denunciamos. Había gente que cobraba sueldos y que no iba a trabajar, no aparecían en registros. Con las suficientes pruebas que pasé, lo rechazaron; ahora, con este otro escándalo, ahí se descubre que hay bienes, que se hizo cosas irregulares, pero en este tema se ha reabierto el caso de la denuncia que hice en mayo”, resaltó el edil cruceño, tomando en cuenta que parte de la denuncia de Valeria Rodríguez, menciona bienes inmuebles valorados en $500 mil.
Los principales sospechosos
El principal sospechoso es Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía de Santa Cruz, quien cuenta con una orden de aprehensión. Sin embargo, fuentes policiales informaron que habría salido del país de manera irregular hacia el Brasil.
“El señor Parada habría salido de manera irregular de nuestro país. Esta información todavía va a ser corroborada con los países vecinos y estamos seguros de que en las próximas horas tendremos una información que luego será validada”, señaló el Comandante de la Policía Nacional, Jhonny Aguilera.
El hermano de Antonio, Guillermo Parada Vaca, también figura como sospechoso y de igual forma se encuentra desaparecido. A causa de ello, las alertas en migración están activadas contra Julio Herbas Aguilera, Javier Carrasco Montero y Javier Cedeño Catacora, exfuncionarios de la alcaldía, que están dentro de la lista de 42 ex trabajadores del municipio cruceño llamados a testificar.
Por otra parte, la hermana de Antonio y Guillermo Parada, María Isabel Parada Vaca, fue aprehendida ayer por la mañana y en horas de la tarde, liberada tras declarar y acogerse a su derecho al silencio. Por el momento, ella y sus hermanos se encuentran bajo sospecha e investigación respecto al crecimiento de sus patrimonios.
Para el jueves se tiene previsto que Angélica Sosa, testifique en calidad de testigo, mientras que no se descarta la posibilidad de que el exalcalde Percy Fernández sea citado para declarar.
Los allanamientos
Como parte de la investigación de los ítems fantasmas, se determinó allanar seis domicilios vinculados a los hermanos Parada y otros exfuncionarios. En el acto encontraron plantillas de contratación, giros bancarios y bayonetas, que fueron incautados por las autoridades.
El director departamental de la FELCC, Edson Claure, declaró a Bolivia TV que: «Dentro de las actividades investigativas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, junto con el Ministerio Público, ha venido realizando los allanamientos correspondientes en seis diferentes inmuebles, principalmente con la expectativa de dar cumplimiento con las órdenes de aprehensión del señor Antonio Parada Vaca y su hermano».
Así también, manifestó que en el domicilio de Julio Herbas Aguilera, además de encontrarse documentación importante para el caso, se decomisó un revolver calibre 22, lo que llevó a la policía a investigar si el arma cuenta con los permisos respectivos. Precautelando posibles escapes, la FELCC trabaja conjuntamente con Migración, para que se le brinde cualquier información de posibles salidas del país de los 43 exsecretarios llamados a testificar.
«Hemos emitido el requerimiento correspondiente a la Dirección Departamental de Migración, quienes nos han señalado de que no existe un reporte oficial de la presunta salida de estas personas. De todos modos, se conoce a través de fuentes extraoficiales, se ha mencionado incluso en redes sociales, que estas personas no se encontrarían en el país. Si eso fuera así, definitivamente no han cumplido los procedimientos que las leyes de migración establecen para salir de nuestro territorio», declaró Claure.
De la misma manera, la fiscal Marcela Terrazas resaltó que todos los elementos serán investigados por una comisión de fiscales y señaló que: “La investigación continúa y estamos recabando toda la información necesaria. El Gobierno Autónomo Municipal nos está colaborando en proporcionarnos también información sobre el marcado, sobre las planillas, así para que podamos cruzar información con otras instituciones como ser la Caja Nacional de Salud o la entidad financiera donde eran depositados los sueldos de los funcionarios”.
Protección de testigos
Valeria Rodríguez, quien destapó está olla de grillos y puso en evidencias este acto de corrupción, ingresó al programa de protección de testigos a víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público. De esta manera, el Ministerio Público es la única instancia que podrá recabar información del caso.
El debate
Por parte del gobierno, se presentó la intención de conformar una comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que investigue este caso de corrupción en el municipio cruceño, tras informar la solicitud de varios asambleístas cruceños.
“Hay solicitudes de los asambleístas de Santa Cruz para la conformación de la Comisión Especial Mixta de diputados y senadores para que, de manera muy responsable y cumpliendo nuestra atribución de fiscalización, podamos ser parte de la investigación, al margen de lo que el Ministerio Público está en este momento investigando”, expresó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Por otro lado, la diputada María José Salazar crítico la postura del gobierno y su interés por solucionar solo situaciones que les conviene y los calificó de “doble moral” e instó a que también se devuelva la plata del caso Gabriela Zapata y CAMC.
“Le pedimos al ministro Del Castillo que también pida que se devuelva a las arcas del Estado los recursos que robaron en el gobierno de Evo Morales. Él admitía los hechos de corrupción de Morales y ahora no dice nada. También que reclame para que Zapata devuelva la plata”, manifestó Salazar, quien resaltó que además investigar los hechos suscitados en Santa Cruz, se esclarezca el caso de CAMC.
El caso de los 800 ítems fantasma suscitados en el municipio de Santa Cruz recién comienza y es un hecho que afecta a los ciudadanos cruceños, de esta manera, las autoridades, que ya tomaron cartas en el asunto, están en la obligación de resolver este delito y sancionar a los responsables.
