La resolución N° 2385, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de marzo, señala que la denuncia no cumplía con los requisitos del artículo 14 de la Decisión 623, que exige pruebas de afectación directa e inmediata a los derechos del reclamante.
Cuéllar, especialista en minería ilegal, había advertido que Bolivia no ha adoptado medidas efectivas contra la explotación ilícita de oro y el uso de mercurio, lo que –a su criterio– vulnera derechos colectivos como la salud, el agua y el medioambiente. Respaldó su denuncia con estudios científicos, informes académicos y reportajes periodísticos que documentan los impactos socioambientales de la minería ilegal, especialmente en comunidades amazónicas.
Sin embargo, la CAN concluyó que el reclamo se trataba de una defensa de intereses colectivos o difusos, lo cual no encajaba en los parámetros jurídicos exigidos. En consecuencia, el caso fue archivado sin analizar el fondo de la denuncia.
El abogado calificó la decisión como una “complicidad institucional”, al considerar que la CAN optó por tecnicismos en lugar de enfrentar un problema que, según él, amenaza la seguridad regional, la salud pública y los ecosistemas. “Bajo el pretexto jurídico de que el denunciante no acreditó ser persona afectada, la CAN rehusó entrar al fondo del problema y envió el mensaje de que los intereses colectivos quedan subordinados a formalismos”, afirmó en entrevista con la Agencia de Noticias Andina.
La Decisión 774 de la Comunidad Andina busca que los Estados miembros cooperen en la prevención y control de la minería ilegal, incluyendo acciones conjuntas contra el contrabando de insumos, la persecución de redes criminales y la remediación ambiental de zonas afectadas.
Para Cuéllar, la inadmisión de su denuncia revela un vacío institucional y político frente a uno de los ilícitos más graves de la región. “Lejos de ser un trámite administrativo, esta omisión protege de facto a los Estados incumplidores y a las mafias que lucran con el oro ilegal y el mercurio”, advirtió.
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anabolivia.org
