En las orillas del río Beni, en la Amazonía boliviana, existe una comunidad donde el problema no comenzó ayer.
Eyiyoquibo, comunidad del pueblo indígena Esse Ejja, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de una crisis que lleva años siendo advertida: la contaminación por mercurio vinculada a la actividad minera aurífera.
La investigación publicada por ERBOL volvió a poner el foco sobre esta comunidad y mostró una realidad marcada por enfermedades, pobreza, dificultades de acceso a la salud, pérdida territorial y una población cuya alimentación tradicional depende precisamente de los ríos y los peces que pueden convertirse en vehículos de exposición al metilmercurio.
Pero los datos disponibles en estudios científicos y documentos oficiales muestran que el problema es mucho más antiguo.
Y una de las preguntas que deja esta historia es inevitable:
¿Cuánto tiempo puede pasar entre una advertencia científica, una resolución judicial y una respuesta efectiva del Estado?
El dato que encendió las alarmas
En 2023, un estudio impulsado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), con análisis realizados en laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), evaluó muestras de cabello de 302 personas pertenecientes a 36 comunidades y seis pueblos indígenas de la Amazonía.
El resultado fue contundente: el 74,5% de las personas evaluadas tenía niveles de mercurio superiores al valor referencial de 1 parte por millón (ppm) utilizado en ese estudio.
Entre los pueblos analizados, los Esse Ejja registraron el promedio más elevado: 6,9 ppm, seguidos por los Tsimanes con 6,8 ppm y los Mosetenes con 4 ppm.
En el caso de los Esse Ejja, fueron evaluadas 72 personas y el rango registrado llegó desde 0,03 hasta 17,52 ppm.
Esto significa que la exposición no es una sospecha reciente. Existen mediciones realizadas años antes de que la situación de Eyiyoquibo volviera a ocupar titulares.
¿Cómo llega el mercurio al cuerpo?
La explicación científica permite entender por qué el problema golpea especialmente a las comunidades que viven de los ríos.
El mercurio utilizado en determinadas actividades mineras puede terminar en el ambiente. Una vez en los ecosistemas acuáticos, determinadas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, una forma que se acumula en los organismos y posteriormente en los peces.
Los peces depredadores pueden concentrar mayores cantidades debido a su posición dentro de la cadena alimentaria.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición humana al metilmercurio ocurre principalmente mediante el consumo de pescado y que el mercurio puede afectar los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, además de los riñones, pulmones, piel y ojos. La exposición durante el embarazo representa un riesgo particular para el desarrollo del feto.
Y aquí aparece una particularidad de los Esse Ejja:
el pescado no es simplemente un alimento más. Forma parte de su forma tradicional de vida.
Por eso, evitar el pescado contaminado no siempre representa una decisión sencilla cuando una comunidad depende del río para alimentarse y sobrevivir.
La investigación de la UMSA: el problema llega a la salud
La evidencia científica más reciente refuerza las preocupaciones anteriores.
Una investigación desarrollada entre 2023 y 2025 por el Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis) de la UMSA, en coordinación con la Universidad de Cartagena de Colombia y CEDIB, estudió la contaminación por mercurio en peces y población indígena de la cuenca del río Beni.
El estudio encontró contaminación en especies consumidas por comunidades indígenas y señaló que los peces carnívoros, como el tucunaré y el paiche, presentaban mayores niveles que especies herbívoras como el pacú.
En mujeres en edad reproductiva de la cuenca del Beni se encontraron niveles promedio de hasta 5,5 ppm de mercurio, de acuerdo con la información difundida por la UMSA.
La investigación también reportó alteraciones asociadas a la salud y evidencias de daño genotóxico en la población estudiada.
El Instituto de Genética de la UMSA utilizó pruebas especializadas para identificar daño en el ADN y encontró mutaciones y rupturas en el material genético de las personas analizadas.
El hallazgo cambia la dimensión de la discusión.
Ya no se trata solamente de un problema ambiental.
El mercurio está siendo investigado también como un problema de salud pública.
Pero hay una precisión que debe hacerse
Los estudios demuestran exposición elevada al mercurio y existen evidencias científicas sobre sus efectos potenciales y conocidos en la salud.
Sin embargo, eso no permite afirmar automáticamente que cada enfermedad, discapacidad o fallecimiento ocurrido en Eyiyoquibo fue causado por el mercurio.
Para establecer una relación causal individual se requieren diagnósticos médicos y estudios clínicos específicos.
Esta diferencia es especialmente importante cuando se habla de niños con problemas de desarrollo o de personas que padecen enfermedades graves.
La OMS sí establece que el metilmercurio puede afectar el desarrollo neurológico, especialmente durante la gestación y la primera infancia.
Pero una cosa es demostrar que el mercurio constituye un riesgo sanitario y otra atribuir médicamente un caso particular exclusivamente a ese contaminante.
La advertencia de la Defensoría
El problema tampoco era desconocido para el Estado.
La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre el cumplimiento del Convenio de Minamata y alertó sobre los efectos de la contaminación provocada por el mercurio utilizado en la minería aurífera.
El informe identificó a municipios del Beni como Rurrenabaque, Reyes, Riberalta y Guayaramerín entre las zonas afectadas.
Pero además planteó algo directamente relacionado con Eyiyoquibo: recomendó movilizar periódicamente equipos multidisciplinarios móviles de salud hacia las comunidades Esse Ejja, incluyendo Eyiyoquibo, para atender a personas potencialmente expuestas al mercurio.
La Defensoría también advirtió que la contaminación de peces representa un riesgo para pueblos indígenas cuya alimentación depende de estos recursos y llegó a señalar el riesgo de afectación física y cultural del pueblo Esse Ejja.
Es decir:
la institución encargada de vigilar los derechos humanos ya había identificado el problema y había planteado medidas concretas.
Bolivia tiene una ley contra el mercurio
Bolivia firmó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2013 y lo ratificó posteriormente mediante la Ley N.º 759.
El Convenio busca proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio.
Bolivia es actualmente parte del convenio y presentó incluso su segundo informe nacional en 2025.
En 2023, además, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N.º 4959, mediante el cual creó el Registro Único de Mercurio (RUME) y estableció autorización previa para la importación y exportación de este metal.
La norma establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe administrar el registro y emitir las autorizaciones correspondientes.
Sobre el papel, entonces, existen instrumentos legales.
El problema está en cuánto de esa normativa llega realmente hasta las comunidades afectadas.
Una resolución judicial que ordenó atención
El caso adquiere todavía mayor relevancia porque en 2023 una resolución judicial emitida desde Rurrenabaque ordenó la atención de personas con niveles elevados de metilmercurio, especialmente integrantes de pueblos Esse Ejja, Tsimane y Mosetén.
La resolución fue vinculada al cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con la salud y con la contaminación por mercurio. ERBOL reportó que la comunidad continúa reclamando que esa atención no llegó de manera efectiva a quienes la necesitan.
Esto deja una contradicción difícil de ignorar:
hay estudios, hay una ley, hay un decreto, hay compromisos internacionales y hubo una decisión judicial.
Pero en las comunidades la pregunta sigue siendo dónde están los médicos, los diagnósticos y los tratamientos.
La crisis no desapareció en 2026
Durante 2026 las denuncias volvieron a escalar.
En agosto, representantes del pueblo Esse Ejja denunciaron públicamente la muerte de al menos 12 personas y reclamaron atención frente a la contaminación de sus fuentes de agua y alimentos.
Medios bolivianos reportaron, además, nuevos datos sobre niveles de mercurio en cabello, incluyendo promedios de 6,9 ppm y registros individuales que alcanzaban hasta 25 ppm en determinados reportes. Estas cifras deben diferenciarse de los estudios científicos anteriores porque corresponden a mediciones y fuentes distintas.
La existencia de denuncias sobre fallecimientos no significa que esos 12 casos hayan sido científicamente atribuidos al mercurio.
Esa determinación requiere investigación médica y epidemiológica.
Pero la denuncia sí muestra que la preocupación de las comunidades continúa.
El Estado comenzó una intervención sanitaria
También hay un elemento que debe ser reconocido.
En julio de 2026, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), junto al Ministerio de Salud y organizaciones indígenas, anunció una intervención para atender a pueblos indígenas expuestos al mercurio en Beni y Pando.
La intervención se desarrolla dentro del Plan Estratégico para la Vigilancia y Atención Integral de la Contaminación por Mercurio y Metales Pesados Vinculados a la Minería e incluye actividades de socialización, capacitación y atención sanitaria.
Esto demuestra que en 2026 existen acciones estatales y de cooperación en marcha.
Pero también abre otra pregunta:
¿La intervención alcanza a Eyiyoquibo y con qué resultados concretos?
Esa es una de las respuestas que el Gobierno debería proporcionar públicamente.
El otro frente: el oro
Detrás de la contaminación existe una actividad económica que también tiene peso en Bolivia: la minería aurífera.
El oro representa una fuente importante de ingresos para el país. Datos oficiales de comercio exterior muestran que las exportaciones bolivianas de oro en bruto alcanzaron aproximadamente US$1.192 millones en 2025, según cifras recogidas en la Memoria Anual del Banco Central de Bolivia.
La discusión, por tanto, no puede reducirse simplemente a minería sí o minería no.
La pregunta es otra:
¿Cómo se puede producir oro sin trasladar los costos ambientales y sanitarios a comunidades indígenas que viven río abajo?
Bolivia importó más de mil toneladas de mercurio
Otro dato permite dimensionar la magnitud del problema.
Una investigación publicada por Visión 360 en 2025, basada en datos de comercio exterior, reportó que Bolivia importó 1.285 toneladas de mercurio entre 2014 y 2023.
El mismo reportaje señaló que, pese a la ratificación del Convenio de Minamata, el uso y comercialización del mercurio no estaban completamente prohibidos en el país.
El Decreto Supremo 4959 de 2023 intentó establecer mayores controles mediante el Registro Único de Mercurio y autorizaciones previas.
Pero controlar la importación no necesariamente significa eliminar el mercurio que ya circula dentro del país.
Y ese es uno de los grandes desafíos pendientes.
El debate ahora apunta al cianuro
En medio de esta crisis apareció otra discusión.
ERBOL reportó que el Ministerio de Minería planteó sustituir el uso de mercurio por cianuro en determinadas operaciones de extracción de oro, acompañado de modificaciones para regularizar derechos mineros.
La propuesta requiere ser examinada con información técnica y normativa antes de sacar conclusiones.
El cianuro y el mercurio son sustancias diferentes, con riesgos, usos y mecanismos de exposición distintos.
Por eso, la discusión responsable no debería limitarse a afirmar que se pretende cambiar un contaminante por otro.
La pregunta que corresponde hacer es:
¿Qué tecnología propone exactamente el Gobierno, qué controles ambientales contempla, quién fiscalizará su aplicación y qué garantías tendrán las comunidades indígenas que viven en las cuencas donde se desarrolla la actividad minera?
Eyiyoquibo no es solamente una comunidad enferma
La historia también es territorial.
La comunidad Esse Ejja enfrenta problemas de acceso a tierra, condiciones de pobreza y dificultades para mantener una forma de vida estrechamente vinculada al río.
Por eso la contaminación del agua y de los peces tiene consecuencias que van mucho más allá de un análisis de laboratorio.
Cuando un pueblo deja de poder consumir con seguridad el alimento que obtiene del río, el impacto alcanza la alimentación, la economía familiar, la cultura y la transmisión de conocimientos.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido precisamente sobre los riesgos físicos y culturales que enfrenta el pueblo Esse Ejja.
La pregunta que queda para el Estado
Los datos disponibles permiten reconstruir una cronología:
2013: Bolivia firma el Convenio de Minamata.
2015: Bolivia ratifica el convenio mediante la Ley 759.
2021-2022: investigaciones anteriores ya encuentran niveles elevados de mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía.
2023: un estudio sobre 302 personas de 36 comunidades encuentra que 74,5% supera el valor referencial utilizado para el mercurio en cabello; los Esse Ejja presentan uno de los niveles más elevados.
2023: Bolivia aprueba el Decreto Supremo 4959 para controlar la importación y comercialización del mercurio.
2023: una resolución judicial ordena atención para personas con niveles elevados de metilmercurio.
2023-2025: una nueva investigación científica coordinada por la UMSA analiza contaminación en peces y población de la cuenca del Beni y encuentra niveles elevados y evidencia de daño genotóxico en la población estudiada.
2025: Bolivia presenta su segundo informe nacional ante el Convenio de Minamata.
2026: organizaciones indígenas vuelven a denunciar enfermedades y muertes, mientras el Ministerio de Salud y FILAC anuncian una intervención sanitaria en comunidades expuestas de Beni y Pando.
Y entonces aparece la pregunta central:
Si el problema era conocido desde hace años, ¿por qué Eyiyoquibo todavía espera una solución?
No es una pregunta solamente ambiental.
Es una pregunta sobre salud pública, minería, derechos indígenas, fiscalización y cumplimiento de las propias normas del Estado.
Porque el verdadero desafío no consiste únicamente en medir cuánto mercurio hay en el cabello de una persona.
El desafío es determinar quién debe prevenir que ese mercurio llegue al río, quién debe controlar la actividad minera, quién debe atender a las personas expuestas, quién debe garantizar agua y alimentos seguros y quién responderá cuando las normas existentes no sean suficientes.
Eyiyoquibo puede terminar siendo recordada solamente como otra comunidad afectada por la fiebre del oro.
O puede convertirse en el punto de partida para que Bolivia responda una pregunta que lleva años pendiente:
¿Cuánto vale la salud y la vida de una comunidad frente al oro que produce el país?
