Mientras el Gobierno boliviano se regocija por lograr que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya aceptó la demanda para exigir a Chile un diálogo por la demanda marítima y se define qué es lo que va a ocurrir con la explotación de El Mutún, el país vecino está a punto de producir 12 millones de toneladas de hierro de forma anual, en zonas que fueron parte del territorio boliviano.
Este jueves se inició la votación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero Dominga, iniciativa que pretende construir dos minas a tajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.
El informe de La Tercera señala que el plan minero-portuario representará una inversión de 2.500 millones de dólares y también está contemplado construir un puerto para el traslado del material en la comuna de La Higuera. Y son los sectores de dicha comunidad quienes se oponen al proyecto y piden incluso a las autoridades que no lo politicen.
La empresa propietaria del proyecto, Andes Iron, señaló que Dominga permitirá la creación de 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en operación.
Mientras la explotación de hierro en El Mutún sigue siendo simplemente un proyecto, luego de que se registraran cuatro intentos para explorar sus recursos.
En el Gobierno del presidente Evo Morales, se emitió una licitación que concluyó con la firma del contrato de riesgo compartido con la compañía Jindal Steel, en un momento en que se registraban los mejores precios internacionales del hierro, en 2007 cada tonelada del mineral se cotizaba en 36 dólares y en 2011 se elevó a 169 dólares.
Pero el proyecto con la Jindal concluyó con la ejecución de boletas de garantía y una demanda contra el Estado boliviano. Actualmente, la empresa Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd., está a cargo de poner en funcionamiento e implementar la Planta Siderúrgica Integrada para la producción de laminados no planos livianos, aunque recientemente sus trabajadores se movilizaron por retraso en el pago de sueldos por un valor de un millón de bolivianos.
