Categoría: Economía

  • Diputados aprueban el PGE 2026 y el Gobierno anuncia ajustes para reducir el déficit hasta febrero

    Diputados aprueban el PGE 2026 y el Gobierno anuncia ajustes para reducir el déficit hasta febrero

    El PGE 2026 fue aprobado en grande y en detalle con 70 votos a favor, 49 en contra y tres abstenciones, de un total de 122 legisladores presentes.

    Tras la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, instruyó la remisión del proyecto de ley 049/2025-2026 a la Cámara Alta para su análisis y eventual sanción.

    Durante la sesión, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, participó del debate y defendió la necesidad de aprobar el presupuesto, pese a reconocer que el documento heredado del anterior gobierno presenta serias deficiencias estructurales.

    Es un desastre, este presupuesto llevó al país donde estamos, pero no podemos dejar a Bolivia sin presupuesto”, afirmó la autoridad ante los legisladores.

    Datos económicos del PGE 2026

    Según la información presentada por el ministro Espinoza, el presupuesto aprobado contempla:

    • Inversión pública: 3.499,9 millones de dólares
    • Crecimiento del PIB: 0,90%
    • Inflación proyectada: 10,10%

    No obstante, el Gobierno anunció que estos parámetros serán revisados y ajustados de acuerdo con las nuevas variables macroeconómicas y una política de austeridad fiscal.

    Por norma constitucional, el Presupuesto General del Estado debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el 31 de diciembre. En caso contrario, entra en vigencia de manera automática mediante decreto supremo, como ocurrió con el PGE de la presente gestión.

    Espinoza recordó que, incluso si el Legislativo rechaza el documento, el presupuesto entrará en vigencia el 1 de enero, conforme al artículo 158, numeral 11 de la Constitución Política del Estado.

    El ministro detalló que el déficit fiscal con el que cerrará el país este año bordea el 12,5%, lo que representa aproximadamente 5.000 millones de dólares.

    “Ese es el tamaño del hueco que tenemos que llenar”, advirtió.

    Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que la aprobación del PGE era necesaria para evitar su entrada directa por decreto.

    La diputada Catherine Pinto (PDC) sostuvo que el presupuesto debe aprobarse porque luego será reformulado por el Ejecutivo.

    Por su parte, el diputado Rafael López (Libre) cuestionó el procedimiento, señalando que primero debió rechazarse el documento original antes de aprobarlo con modificaciones. Sin embargo, Castro aclaró que el texto aprobado corresponde al informe de la Comisión de Planificación, con los ajustes respectivos.

    Con la aprobación en Diputados, el PGE 2026 pasa ahora al Senado, mientras el Gobierno se prepara para una reformulación fiscal en los próximos 90 días, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas, reducir el déficit y transparentar el uso de los recursos estatales.

  • Producción de granos en 2025 llega a 5,6 MM de toneladas y Anapo prevé impulso con la liberación plena de exportaciones

    Producción de granos en 2025 llega a 5,6 MM de toneladas y Anapo prevé impulso con la liberación plena de exportaciones

    • El sector oleaginoso cierra el año con una recuperación de producción en todos los cultivos y un movimiento económico de 3.000 millones de dólares.
    • Para los productores, con la plena liberación de exportaciones y una apertura a los mercados externos, el país podría consolidarse como un proveedor confiable de alimentos para el mundo.

    Santa Cruz, diciembre 16 de 2025. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentó los resultados de la gestión agrícola 2025, un año que marca un punto de inflexión para el sector, por la recuperación productiva en todos los cultivos. La producción total de granos alcanzó 5.649.187 toneladas, lo que representa un aumento del 91% respecto a 2024 y un movimiento económico estimado en 3.000 millones de dólares.

    El desempeño fue positivo, sin embargo el gremio advierte que el país podría avanzar aún más si se consolida un modelo de mercado libre, con plena liberación de exportaciones, reglas claras y mecanismos transparentes que impulsen la inversión productiva. Así lo advirtió su presidente, Abraham Nogales, durante la conferencia de prensa que ofreció este martes junto a ejecutivos de la institución.

    Nogales destacó que los resultados reafirman la capacidad de los productores primarios de Santa Cruz para responder con eficiencia y resiliencia, incluso cuando las condiciones de planificación son mínimas. “Esta gestión demuestra que el campo boliviano tiene un enorme potencial. Pero para aprovecharlo plenamente, el país necesita dejar atrás el ‘Estado tranca’ y avanzar hacia un mercado moderno, sin cupos, ni restricciones que distorsionan precios y frenan la competitividad”, afirmó.

    Año excepcional en todos los cultivos

    La recuperación productiva se reflejó en todos los cultivos agrícolas relevantes. De acuerdo con el balance presentado por ANAPO:

    • La soya incrementó su producción en un 63%, pasando de 2,02 millones a 3,29 millones de toneladas.
    • El sorgo tuvo el mayor crecimiento relativo, con un salto del 216%, alcanzando 1.515.320 toneladas.
    • El maíz aumentó un 73%, llegando a 543.619 toneladas.
    • La chía registró un crecimiento extraordinario de 1.300%, al pasar de 1.082 a 15.117 toneladas.
    • El girasol creció un 85%, alcanzando 189.590 toneladas.
    • El trigo, cultivo estratégico para la seguridad alimentaria, aumentó 142%, con una producción de 92.010 toneladas.

    Pese a este buen desempeño, las exportaciones a octubre sumaron 930 millones de dólares—9% menos que en el mismo periodo de 2024—sobre todo por las restricciones a la exportación de grano de soya y a un contexto internacional menos favorable. A octubre de 2025 se exportaron 150 mil toneladas de grano de soya menos que en el similar periodo de 2024; esto representa una disminución de 60 millones de dólares en exportaciones.

    En ese sentido, Nogales reiteró que el principal desafío para consolidar la producción de granos estratégicos para el país es construir un entorno regulatorio previsible, transparente y basado en acuerdos entre privados. Enfatizó que la libre exportación debe convertirse en la regla y no en la excepción; no solo para la soya y sus derivados, sino para todos los productos agropecuarios.

    Los productores enfrentamos riesgos climáticos, financieros y de mercado. No podemos sumar a esas amenazas restricciones que detienen las inversiones y restan competitividad. Bolivia necesita precios alineados a las referencias internacionales y un sistema donde la oferta y la demanda definan las condiciones de comercialización”, agregó.

    El gremio explica que la liberación plena de exportaciones dinamizaría la producción, aumentaría la generación de divisas, fortalecería la industrialización y ofrecería mayor certidumbre a los subsectores pecuarios, que dependen del acceso a insumos como la harina de soya y los granos de cultivos de rotación, como el maíz y sorgo principalmente.

    Un nuevo ciclo productivo

    Nogales señaló que este año los agricultores lograron recuperar los niveles de producción de años anteriores y están listos para producir más. “Pero para dar el paso decisivo necesitamos libertad para comercializar, seguridad jurídica y acuerdos entre privados que aseguren equidad y continuidad. El futuro del agro boliviano depende de decisiones valientes y sostenibles”, aseveró.

    Anapo respalda un modelo abierto y equilibrado: exportar cuando exista excedente y permitir importaciones oportunas en caso de déficit interno. Esta visión —compartida por todos los subsectores de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)— crea condiciones para que cada actor compita con información real, precios justos y menores distorsiones.

    La institución que agremia a 14.000 productores de granos de Santa Cruz reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la productividad y la seguridad alimentaria del país. Y considera que este 2025 marca el inicio de una nueva etapa que podría transformar la agricultura nacional si se consolida un mercado moderno, sin controles distorsivos y abierto al mundo.

    “Estamos listos para trabajar con el Gobierno y con todos los actores de la cadena para construir un país más competitivo, más productivo y con mejores oportunidades para todos”, concluyó Nogales.

  • Lupo: la industrialización del MAS dejó pérdidas por casi $us 2.600 millones

    Lupo: la industrialización del MAS dejó pérdidas por casi $us 2.600 millones

    Durante la presentación del informe titulado “Saqueo institucional”, Lupo afirmó que entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas públicas, con una inversión total de Bs 53.945 millones, de los cuales solo se recuperó el 18% en 19 años.

    Según el informe, 14 empresas son consideradas inviables, generando pérdidas por $us 2.205 millones. A estas se suman cuatro empresas cerradas y cinco declaradas en quiebra técnica, lo que eleva el impacto negativo del modelo de industrialización estatal.

    Estas empresas no fueron un fracaso técnico, fueron un instrumento de saqueo”, afirmó Lupo, al señalar que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce obligaron al BCB a financiar proyectos que nunca fueron sostenibles.

    Impacto sobre el Banco Central

    El ministro explicó que el BCB desembolsó Bs 53.945 millones a empresas públicas utilizando reservas internacionales. A diciembre de 2024, esa deuda apenas se redujo a Bs 46.859 millones, lo que confirma dijo que en casi dos décadas solo se recuperó el 18% de los recursos.

    Con el 28% de los créditos del BCB se crearon 14 empresas inviables que se volvieron instrumentos de corrupción. Eso equivale a $us 2.205 millones”, sostuvo.

    Recursos que pudieron destinarse a salud y desarrollo

    Lupo subrayó que el dinero perdido pudo haberse destinado a obras estratégicas, como la construcción de 30 hospitales de cuarto nivel, infraestructura educativa o exploración de hidrocarburos.

    El dinero que fue robado equivaldría a no tener una crisis como la que tenemos hoy”, afirmó.

    Empresas que aún demandan recursos

    El informe también advierte que varias empresas creadas en la gestión de Luis Arce continúan demandando recursos para subsistir, entre ellas la Industria Boliviana Química, la Industria Farmacéutica Boliviana, la Industria de la Hoja de Coca, Aceites Ecológicos, entre otras, que en conjunto representan una inversión de Bs 95 millones.

    Además, empresas como ASB, YLB, Quious, EBIH y Yacana requerirían Bs 697 millones adicionales para cumplir con sus obligaciones financieras con el BCB y proveedores, incluso si se vendieran todos sus activos.

    Finalmente, Lupo anunció que el gobierno de Rodrigo Paz impulsará una “reingeniería fiscal” para reestructurar las empresas públicas y evitar que continúen drenando recursos del Estado.

    Gran parte de estas empresas nacieron inviables. No se trata solo de cerrar números, sino de terminar con un modelo que desangró al país”, concluyó.

  • Solo tres de 67 empresas públicas creadas desde 2006 generan utilidades, revela el Gobierno

    Solo tres de 67 empresas públicas creadas desde 2006 generan utilidades, revela el Gobierno

    En conferencia de prensa, Lupo detalló que las únicas empresas estatales que generan utilidades son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), todas pertenecientes a sectores estratégicos históricos del país.

    “Son las únicas que hoy generan utilidades de las 67 empresas públicas que existen”, afirmó la autoridad, al señalar que el resto fue creado durante distintas gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

    El ministro explicó que 14 de estas empresas son inviables, pese a que demandaron una inversión millonaria del Estado. Según el informe oficial, entre 2006 y 2024 se destinaron 7.750 millones de dólares, equivalentes a 53.945 millones de bolivianos, provenientes principalmente de las Reservas Internacionales, de los cuales solo se recuperó el 18 %.

    “Más de 6.000 millones de dólares son recursos que, probablemente, no podrán ser recuperados”, advirtió Lupo.

    El documento presentado también revela que, entre 2006 y octubre de 2025, el Estado desembolsó 103.993 millones de bolivianos para financiar empresas públicas, recursos que provinieron de diversas fuentes como el Banco Central de Bolivia, el Tesoro General de la Nación y organismos internacionales, entre ellos Eximbank China, JICA, DANIDA, CAF, BID, FICREP y AFD.

    El informe se conoce en un contexto de restricciones fiscales, escasez de divisas y debate sobre la eficiencia del modelo económico estatal, en el que distintos sectores cuestionan la sostenibilidad de las empresas públicas creadas en las últimas dos décadas.

    El Gobierno adelantó que los datos servirán como base para revisar la situación financiera y operativa del aparato estatal empresarial, definir el futuro de las empresas inviables y evitar nuevas pérdidas económicas que afecten a las finanzas públicas.