Bolivia deberá indemnizar con 105 millones de dólares (730,8 millones de bolivianos) a BBVA Previsión por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones. La determinación es parte del laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“Para el Tribunal es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del servicio de administración de pensiones. Ha pasado más de una década desde que la Constitución ordenó el traspaso del servicio a manos del Estado en febrero de 2009, y 11 años desde que se promulgó la Ley de Nacionalización en diciembre de 2010, sin que la Gestora haya entrado en operación”, señala parte del fallo.
En 2009, Bolivia decidió nacionalizar el sistema de pensiones, que hasta entonces era administrado por dos AFP, Previsión y Futuro. Tras la determinación la primera inició las conversaciones para hallar una salida.
Sin embargo, no hubo acuerdo y en agosto de 2018, el banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia ante Ciadi, por la salida del país de la AFP Previsión, gestionada por la citada entidad bancaria.
Este proceso, pese a la intención del Estado boliviano de objetar la jurisdicción de la Ciadi, emitió un fallo el 12 de julio de 2022. La cuarta resolución, de las 11 que tiene el documento, ordena que la parte demandada (Bolivia) pague a la demandante (BBVA) la suma de 94,8 millones de dólares a título de indemnización.
A este monto, se suman los intereses, que, según el sexto punto, llegan a 10,2 millones de dólares, “a título de intereses compuestos a la tasa anual de 6,36%” generados a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de junio de 2022.
A través de un comunicado, emitido anoche, el Gobierno boliviano sostuvo que asumirá las acciones de defensa ante el laudo pronunciado por el tribunal arbitral del Ciadi, que “parcialmente” otorgó tutela a la sociedad BBVA.
Indicó que, desde el inicio del proceso arbitral, el Gobierno asumió todas las acciones de defensa fundamentadas y que “presentó las pruebas pertinentes, las mismas que no fueron valoradas por el mencionado tribunal”.
“Nuestro Gobierno ha dispuesto dar continuidad al contrato con la empresa Heinshn Business Technology (HBT) permitiendo a la Gestora Pública iniciar operaciones con el respaldo técnico necesario en el menor tiempo posible”, señala el documento.
El comunicado oficial añade que se coordinan las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso, ya que considera “que el fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”.
Cabe recordar que, aunque la Gestora del Estado, que remplazaría a las AFP, fue creada en 2015 y aún no entró en funcionamiento. En 2019, Luis Arce, entonces ministro de Economía, apuntó al software como el principal problema.
Dijo que éste debía efectuar 890 adecuaciones normativas, pero sólo presentó 75, es decir el 8%. “Contrariamente, la migración de datos ya ha alcanzado a más del 90%”, manifestó.
Pagina Siete
