“Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, escribió Saucedo en sus redes sociales.
El pronunciamiento estuvo acompañado por las fotografías de los cinco magistrados señalados: Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes debieron cesar en sus funciones el año pasado, pero continúan en el cargo tras una polémica autoprórroga de mandato.
Saucedo, elegido en las elecciones judiciales de 2024, calificó la actuación del TCP como una de las más perjudiciales para el Estado.
“Una de las instituciones que más daño le ha causado al país y a su democracia es el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de los magistrados autoprorrogados. No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, advirtió.
Contexto legislativo
El pronunciamiento surge en medio del debate legislativo sobre el proyecto de ley que dispone el cese de funciones de los magistrados prorrogados, iniciativa impulsada por la senadora Silvia Salame.
La norma ya fue aprobada en la Cámara de Senadores y espera tratamiento en Diputados, con el objetivo de restablecer el orden constitucional y garantizar el funcionamiento transitorio del TCP y del TSJ hasta la renovación de autoridades.
Saucedo recordó que la prolongación del mandato del TCP se basó en resoluciones internas que también suspendieron los procesos de elecciones judiciales en cinco departamentos, lo que, a su juicio, constituye una “usurpación de funciones”.
“No se trata de una disputa política, sino de un principio básico de respeto a la Constitución. Los bolivianos votaron por un tiempo de mandato, no por una prórroga indefinida”, enfatizó.
Aunque el presidente del TSJ comparte la Sala Plena con dos magistrados prorrogados, de Beni y Pando, su mensaje estuvo dirigido principalmente al TCP, institución que ha concentrado las críticas por su rol en la suspensión de los comicios judiciales.
Respaldo institucional
La posición de Saucedo recibió el respaldo del presidente del Tribunal Agroambiental, Cristhian Méndez, y del presidente del Consejo de la Magistratura, José Baptista, quienes expresaron públicamente su apoyo al ultimátum contra los magistrados “autoprorrogados”.
Méndez afirmó que desde el Tribunal Agroambiental existe una posición de “pleno y absoluto apoyo” a Saucedo.
“La autoprórroga de magistrados dice mucho de la institucionalidad boliviana. Desde la jurisdicción agroambiental apoyamos plenamente la posición del Tribunal Supremo de Justicia y de su presidente”, manifestó.
Por su parte, Baptista consideró que la postura de Saucedo refleja una preocupación legítima por la institucionalidad y el respeto al orden constitucional.
“La autoprórroga de mandatos en el Tribunal Constitucional Plurinacional carece de sustento jurídico y vulnera el principio de temporalidad del poder, debilitando la independencia judicial”, escribió en sus redes sociales.
Baptista añadió que la verdadera independencia del poder judicial “no se mide por la permanencia en el cargo, sino por la sujeción a la Constitución y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, advirtiendo que el incumplimiento de los límites legales erosiona la confianza ciudadana en la justicia.
