El Juzgado de Sentencia Penal concedió este miércoles la acción de libertad que presentó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, determinó que se vulneraron sus derechos. A la vez, prohibió que Edgar Salazar realice cualquier acto de hostigamiento bajo la advertencia de remitir antecedentes a la fiscalía.
“En consecuencia, se dispone que Edgar Salazar se inhiba de realizar estos actos de amedrentamientos evocados por el accionante, se prohíbe continuar este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra la indicada ciudadana (Amparo Carvajal), bajo advertencia de seguir dichas situaciones remitir antecedentes a la autoridad competente, es decir al Ministerio Público”, dijo el juez Javier Peñaloza.
La audiencia se instaló a las 15:38 de forma virtual y se extendió por más de tres horas, en contra del comandante departamental de la Policía de La Paz, Edgar Cortez, y del presidente de la dirigencia paralela, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Salazar. Carvajal siguió la audiencia desde la terraza de la Asamblea de Derechos Humanos.
El abogado Ricardo Rodríguez explicó que Carvajal fue hostigada por las personas que se encontraban en las instalaciones de la APDHB. La sometieron a tortura psicológica porque pusieron parlantes donde se reproducían cánticos con estribillos que la tildaban de ‘asesina’, además que ingresaron un ataúd como una forma de amenaza contra su integridad física.
Carvajal intervino brevemente en la audiencia, con notoria afectación, denunció que recibe constantes amenazas por parte de las personas que se encuentran en esos ambientes.
“Señor juez estoy asustada, estoy rechazando la ayuda de los bomberos y de los médicos porque tengo miedo, me amenazaron que me iban a matar. Ya no puedo aguantar más estos amedrentamientos”, dijo Carvajal.
Sin embargo, pese a que fue notificado de forma oportuna, Salazar ni su equipo jurídico se presentó en acto judicial, por lo tanto, no se conoció su argumentación sobre la demanda que se interpuso en su contra.
En ese sentido, Jorge Valda cuestionó la labor de la Policía Boliviana porque no actuó para evitar que la activista de derechos humanos sea amedrentada por parte de la dirigencia paralela. Además, que hayan custodiado al grupo de personas que avasalló las instalaciones de derechos humanos.
En ese sentido, la defensa legal del Comando Departamental de la Policía afirmó que la fuerza del orden solo cumple con su trabajo, evitar enfrentamientos entre ambos grupos. A la vez, negó que tengan acuerdos con la dirigencia paralela.
“Desde fecha 2 de junio de 2023 hasta la actualidad, el Comando Departamental de la Policía de acuerdo a sus atribuciones establecidas (…) ha estado llevando a cabo acciones policiales de preservación del orden público en inmediaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos”, explicó el abogado.
Después de 40 días de la toma de las instalaciones, la presidenta de la APDHB logró subir a la terraza, pero los policías limitaron su espacio de movimiento, tanto que no puede usar el baño. Mientras el grupo de afines al partido en gobierno la amenazaron y hostigaron durante toda la noche.
ANF
