El patrimonio documental del país está en riesgo porque hace 90 días que el repositorio nacional encargado del archivo y depósito legal de las obras producidas en el país paralizó sus actividades debido a la eliminación del Ministerio de Cultura, sin que hasta la fecha el Ministerio de Educación haya dado una solución, arriesgándose incluso a un proceso legal por incumplimiento de deberes, según se explicó en un conversatorio virtual organizado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB).
“Estamos en una situación difícil e incómoda para la cultura boliviana porque hay el temor de que el patrimonio documental que se encuentra en el repositorio es un res nullius (cosa de nadie). El Ministerio de Educación, al que se le confiaron diversas tareas del extinto Ministerio de Cultura, no ha hecho su tarea”, sostuvo Mariano Baptista, miembro del Directorio de la FCBCB.
El criterio es compartido por Francisco Bueno, hasta hace unos días Director de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para quien el Ministerio de Educación podría ser pasible de un proceso legal por incumplimiento deberes que, además, está produciendo daño económico al Estado.
“Hay entidades públicas cuyo principal giro económico es la publicación y comercialización de obras, estoy pensando en la Biblioteca del Bicentenario”, expresó el especialista, quien además señaló que la inacción sobre este tema está afectando los derechos de los autores bolivianos, que ahora no tienen ningún respaldo legal que proteja sus derechos.
“Se dañan los derechos morales y patrimoniales del autor porque evidentemente no se va a poder difundir las obras por lo menos las impresas (o no debieran), atentando contra el derecho moral de difusión de cada artista por culpa del Estado, también hay un daño a largo plazo a los derechos patrimoniales. Si se imprime un libro sin depósito legal lastimosamente es ilegal”.
A su turno Rossana Barragán, quien en noviembre asumirá la dirección del ABNB, insistió en que la actual situación afecta toda la producción del patrimonio documental: “si uno de los eslabones se interrumpe el conjunto del proceso se fractura, por tanto la situación en la que se encuentra el repositorio, que es el punto de partida, afecta a toda esa cadena productiva”.
“Esto supone, por lo tanto, la eliminación –no de un solo lugar, de un edificio, de una oficina, de uno o cuatro ítems– sino la alimentación de todas las bibliotecas, implica cortar la posibilidad de la lectura, de escuchar discos, de compartirlos, de tener los periódicos, implica cortar todo el proceso de educación”, sostuvo Barragán.
El depósito legal está regulado por el Decreto 28598 del 19 de enero de 2006, para asegurar el registro y resguardo del patrimonio documental producido en Bolivia, que incluye todos los documentos, ya sean textos, gráficos, sonoros, audiovisuales, electrónicos e imágenes en movimiento, según explicó Lorgio Barrios, encargado el ABNB.
En los dos últimos años, de acuerdo a los datos aportados por Edwin Osco, el Repositorio Nacional tuvo un promedio anual de 4.500 registros de obras en distintos soportes, un número que ha sufrido una caída aproximada del 70 por ciento a raíz de la paralización de sus actividades y que difícilmente podrá ser remontada hasta fin de año.
Osco explicó que el Repositorio Nacional dependía de la Dirección de Asuntos Administrativos del Ministerio de Cultura, pero ahora no se conoce cuál es su dependencia, pese a las solicitudes realizadas a distintas instancias del Gobierno y pese las advertencias de que esa situación está atentando “flagrantemente los intereses y derechos del universo de usuarios del Depósito Legal en Bolivia”.
El especialista también señaló que esa situación ha derivado en no sólo la paralización de actividades del repositorio, sino que “a partir del 8 de junio no hemos recibido instrucciones, este edificio no tiene portero, no tiene policía”.
Durante el conversatorio, el Director a.i. del ABNB, Gabriel Rivera, explicó que la institución cursó una invitación al Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, para participar del evento virtual, sin embargo la autoridad excusó su presencia por intermedio de una carta de su Jefe de Gabinete, Carlos Augusto Díaz Villanueva.
En la misiva, Díaz, asegura que “en los próximos días se aprobará el presupuesto y se dará continuidad con los trámites administrativos de asignación correspondiente, a fin de evitar los riesgos que pudieran presentarse en el patrimonio intelectual”.
Dicho anuncio fue celebrado por la presidenta de la Cámara Nacional del Libro, Ana María Justiniano de Artigas, que expresó su esperanza en que el compromiso realizado por el Ministerio de Educación se haga realidad en el plazo más breve, ya que pese a las solicitudes escritas que hiciera la organización al Ministro de Educación y a la propia presidenta Jeanine Añez, no obtuvieron respuesta hasta la fecha.
Fuente: Fundación Cultural BCB
