El ministro de Defensa, Fernando López, negó con documentos en mano el presunto sobreprecio en la compra de granadas de gas lacrimógeno y manifestó que volvería a firmar «una y mil veces» nuevos contratos enmarcados en la legalidad para continuar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Bolivia.
«Esto está absolutamente transparentado y con estos (documentos) estamos demostrando que no existe, ni existió, ningún tipo de sobreprecio», manifestó López, en conferencia de prensa.
Esta aclaración surge después de que un medio televisivo -según López- «por error o con una mala intención» ha denunciado ante todo el país un supuesto hecho de sobreprecio en la compra del mencionado material.
Pero «estoy aquí como corresponde para explicar al pueblo de Bolivia, por lo tanto, vamos a demostrar las falsedades de esa denuncia con pruebas fehacientes, fidedignas, que seguramente serán parte de cualquier proceso de investigación serio por parte de quien corresponda», señaló.
Detalló, entre varios aspectos, que el medio de comunicación cuestionado, «extrañamente» basó su denuncia pública (para hacer comparaciones de precios) en un documento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues «seguramente tiene acceso a información venezolana».
Y es así que «acusó que cuesta 14 dólares en Venezuela (cada elemento) y aquí en Bolivia lo compramos en un valor mayor. Sin embargo, debo decirles que este es un documento de 2017 y los hechos (registrados en Bolivia fueron) en noviembre de 2019», sostuvo.
Además, la autoridad gubernamental remarcó que ese medio, para confundir a la opinión pública, comparó una granada pequeña con otra de mayor tamaño y gramaje que compró Bolivia.
Asimismo, informó que en esta compra (realizada en Brasil) hubo un intermediario porque la empresa Condor Industria Química, fabricante de municiones y equipos no letales, dio a conocer mediante una carta que «no realiza ventas directas».
Para ello esa industria «nombró un representante, que es la empresa Bravo Tactical Solutions, aquí está la carta donde indican que ellos son los representantes para todo tipo de compra. Por lo tanto, estas compras no se podían hacer directamente a la fábrica, sino obligatoriamente tenía que pasar por el intermediario», subrayó.
Por otro lado, indicó que el Ministerio de Defensa firmó el contrato porque solo esa instancia tiene la facultad reconocida por Ley para hacer este tipo de importaciones.
Pues «este tipo de acciones tiene que ver con la lucha permanente contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico, imagínense ustedes, si nosotros no tomábamos acciones en esa época (noviembre de 2019) en la que el país estaba absolutamente convulsionado, hubiese estado (ahora) sentado en la silla de los acusados por omisión», sostuvo.
Enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía «tienen, deben y están obligadas» a estar preparadas permanentemente para la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, por lo tanto, eso no va a cambiar y «seguiremos firmes entrenando en apronte», reiteró.
«Quiero que sepa el país, no es delito estar preparados para luchar contra el terrorismo y narcotráfico, por el contrario, la pacificación del país se debe gracias a las acciones de las FFAA y la Policía (…) y si tengo que firmar nuevamente muchos contratos para equipar a las FFAA o la Policía Nacional, en caso de que requieran como dice la Ley, lo voy a hacer una y mil veces porque nuestro rol está en defender a los bolivianos, en pacificar el país», concluyó.
ABI
