En cuestión de días el destino de Marcelo Navajas cambió abruptamente. De ser la primero autoridad de salud al frente de la lucha contra el COVID-19, ha pasado a ser un recluso de la cárcel de San Pedro, de La Paz, Bolivia. No es uno más, está entre los cuatro principales sindicados por la compra de respiradores con presunto sobreprecio, un escándalo que ha tomado tintes internacionales.
La exautoridad, según dispuso la Justicia, deberá permanecer tres meses en esa condición. Su defensa ha alertado de un problema severo cardíaco, pero aún así fue puesto tras las rejas.
El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector de la Agencia de Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco fueron enviados al mismo recinto carcelario por seis meses, en tanto duren las investigaciones.
La misma suerte corrió Fernando Humérez, el “testigo clave”, que el jueves deslizó una estafa al Gobierno boliviano del que fueron parte él y dos personas más, una de ellas el representante legal de la firma que vendió los aparatos.
También son procesadas dos mujeres. Una de ellas fue funcionaria de la AISEM, Ana Fernanda E. y la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Claudia P. Para ellas, el juez Hugo Huacani dispuso detención domiciliaria por seis meses sin salida laboral.
El lunes se reunirá el equipo de fiscales para definir los siguientes pasos procesales en un caso que ha generado polémica.
