El Gobierno transitorio aprobó el Decreto Supremo 4100 que dispone la indemnización de Bs 50.000 para familiares de los fallecidos en los conflictos sociales de octubre y noviembre. El financiamiento será cubierto por el Tesoro General de la Nación (TGN), de lo incautado al narcotráfico y contrabando, y de dineros que fueron decomisados durante las protestas sociales.
El cuerpo legal de cinco artículos establece que además del resarcimiento económico, el Estado deberá garantizar la asistencia médica, alimentaria, social y psicológica para los afectados.
“Tenemos la voluntad de atender cada uno de los casos y se ha identificado plenamente y he pedido al gabinete que haga todo lo necesario para asegurar la viabilidad económica de este proceso que es muy importante en el marco de la pacificación en Bolivia”, afirmó la presidente Jeanine Añez, en el acto de promulgación del decreto.
Según la normativa jurídica, el Ministerio de Justicia facilitará el trámite para la declaratoria de herederos. El pago se hará a los familiares según la prelación de vínculo; a los hijos, cónyuge, o conviviente.
Según datos del Ministerio Público, son 29 personas fallecidas durante los conflictos sucedidos entre octubre y noviembre, en total el Estado deberá cancelar 1.450.000 bolivianos.
Asimismo, son 33 las personas que resultaron heridas entre octubre y noviembre, en estos casos se procederá a cubrir el costo de la recuperación, afirmó al respecto el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
El resarcimiento fue una de las demandas planteadas por las organizaciones sociales, cuando se negociaba la pacificación en el país.
Con este decreto, Coímbra ve innecesaria la aprobación del proyecto de ley de garantías constitucionales que impulsa el Movimiento Al Socialismo en el Legislativo.
La autoridad del Gobierno dijo que esa iniciativa legislativa solo ratifica el marco jurídico que ya está dispuesto en la Constitución Política del Estado y otras leyes.
