La presidente Jeanine Añez informó la tarde de este jueves que abrogó el decreto 4078 que disponía el uso de las Fuerzas Armadas en el control interno del país y eximía de responsabilidad penal a los efectivos que hacían uso de armas de fuego en estado de necesidad y de defensa.
En Palacio Quemado, la Mandataria dijo que, luego de los informes de varias carteras del Estado, sobre acuerdos de pacificación con sectores sociales, no es necesario sostener la vigencia de esa normativa judicial.
“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y la comprensión de todos los sectores hemos logrado la salida de pacificación”, manifestó Añez.
La presidente aseguró que asumió esta determinación para preservar la seguridad interna de la ciudadanía, hizo énfasis en los “días de terror” que se vivió en El Alto cuando un grupo de manifestantes amenazó con atentar la planta de Senkata; Añez dijo que estaba en riesgo la vida de al menos 250.000 alteños, si explotaba la planta gasífera.
La autoridad agradeció la participación de las Fuerzas Armadas por su oportuna participación en las protestas. La presencia de efectivos militares en las zonas urbanas del país derivó de un pedido de apoyo que hizo la Policía el 11 de noviembre, cuando sus autoridades dijeron que fueron rebasados por la convulsión social.
El 14 de noviembre el Gobierno transitorio dispuso la vigencia del decreto supremo 4078, para el uso de la fuerza militar. Esta normativa eximía de responsabilidad penal a los efectivos que hacían uso de armas de fuego en estado de necesidad o de defensa, se citaba los artículos 11 y 12 del código penal vigente.
La presencia de efectivos militares se hizo evidente en la represión de las protestas en Sacaba, cuando se registró al menos nueve fallecidos, gran parte por armas de fuego.
El Gobierno de Añez aseguró que las fuerzas militares y policiales no hicieron uso de armas de fuego en Cochabamba.
El 20 de noviembre la presencia militar también estuvo en El Alto, en Senkata. Los enfrentamientos también derivó en fallecidos, algunos por impacto de bala.
Tres días después de lo ocurrido en Senkata se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno y varios sectores sociales. En el pliego petitorio se los demandantes se exigía la anulación del decreto supremo 4078. Al final se abrió la posibilidad de modificarlo, con la opción de eliminarlo en caso que se llegue a una pacificación evidente.
