Según un jefe policial, el coronel Jamil Saavedra, quien era el director de Diprove, y el teniente coronel Richar Ugarte, subdirector, están siendo investigados en la vía disciplinaria por dos faltas graves bajo sanción“con retiro o baja definitiva” que está establecida en la Ley 101.
El pasado 20 de mayo a media mañana, se registró una persecución policial a Julio César A., conductor de un taxi, a lo largo de la avenida Circunvalación que conecta Sacaba y Cochabamba. Este hecho dejó dos policías presuntamente heridos y cinco vehículos dañados. Entonces, el comandante departamental de la
Policía, Raúl Grandy, dijo que el perseguido, el taxista Julio César A., estaba involucrado en robos en Punata, por lo que tendría mandamiento de apremio.
Conforme fue avanzando la investigación, se logró establecer que el taxista no cuenta con antecedentes policiales. Sin embargo, en mayo, tras la persecución y “balacera”, personal de Diprove elevó un informe a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señalando que en el vehículo cuestionado existía un arma de fuego, por lo que decidieron trasladar el vehículo a estas dependencias.
El 25 de mayo, sin embargo, los resultados de las pericias señalaron que el vehículo implicado en la persecución no presentaba señales de haber atropellado a funcionarios policiales o de que el conductor hubiera hecho uso de un arma de fuego.
Por ello, el informe elaborado por la fiscal de flagrancia, Cinthia Prado, sobre este caso señala: “Preocupa mucho la actuación que tuvo la Policía y será investigada”.
Según la información a la que accedió Los Tiempos, se estableció que los informes fueron manipulados por los investigadores de Diprove, presuntamente a solicitud de los directores de esta unidad policial.
Las pruebas presentadas ante los investigadores de la Dirección de Investigación Policial (Didipi), por la víctima, certifican los cobros irregulares a los que Julio César A. fue sometido
Entre tanto, Julio Cesar A., acusado por la Policía como antisocial, admitió que el vehículo que conducía no tiene documentos y por ello fue víctima de extorsión y cobros irregulares por algunos policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Tránsito de la EPI Norte y otras unidades en varias oportunidades.
“Preocupa mucho la actuación que tuvo la Policía. Esta irregularidad será investigada”
COX PIDE INFORMES SOBRE LA BALACERA
El delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, tras conocer el caso, solicitó informes al Comando Departamental de la Policía el 22 de mayo. La respuesta a esta solicitud fue respondida 18 días después.
Julio Cesar A., acusado por la Policía como antisocial, denunció haber sido víctima de extorsión y cobros irregulares por policías de Diprove.
“El vehículo que manejo es chuto, lo admito. La primera vez que me atrapó un policía de Diprove me pidió 5 mil bolivianos. Dijo que nadie más me molestaría”, contó.
Esta irregularidad se repitió 10 veces más, aseguró el chofer. “Uno de ellos me pidió 200 dólares. Otros menos de mil bolivianos no me sacaban”, dijo.
