El magistrado Edwin Aguayo Aranda dejó sin efecto el proceso cuando ejercía como presidente del Colegio de Abogados de Potosí el 2016.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín exigió la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Edwin Aguayo Aranda, por haber encubierto a los responsables de la falsificación de títulos universitarios supuestamente expedidos por esa casa de estudios superiores.
En conferencia de prensa, Albarracín denunció que el 2016 el actual magistrado Aguayo Aranda dejó sin efecto un proceso por falsificación de títulos de abogado y se benefició de “un resarcimiento” cuando ejercía como presidente del Colegio de Abogados de Potosí (ICAP).
La autoridad universitaria entregó los antecedentes del proceso penal que cursan en estrados judiciales y detallan que en marzo de 2015 el Colegio de Abogados de Potosí entonces presidido por Wilma Blazz, presentó denuncia contra Neyda Leny Pérez Taquichiri y Yuri Pabel Flores Rodríguez por falsificación de sus títulos de licenciados en Derecho, supuestamente extendidos por la UMSA.
Sin embargo, según detalló Albarracín, una nueva directiva del ente colegiado encabezada por Edwin Aguayo Aranda, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, firma “un desistimiento de la acción penal el 2 de mayo de 2016 para favorecer a los falsificadores”.
La autoridad universitaria denunció que la UMSA nunca fue advertida del desistimiento por lo que consideró que “se cometió un grave daño contra la institucionalidad universitaria”.
Recordó que “los delitos de falsificación y uso de instrumento falsificado son de orden público, por consiguiente no procede desistimiento alguno”.
Según los antecedentes que mostró Albarracín, Aguayo Aranda en calidad de presidente del ICAP junto al vicepresidente de la institución, Jhony Alex Urzagaste, suscribieron un documento privado transaccional con los autores de la falsificación en el que acuerdan “un resarcimiento del daño provocado por los delitos cometidos”.
El documento conciliatorio fue firmado el 2 de mayo de 2016, con el auspicio legal del abogado Marco Antonio Borda Belzu –hermano del actual diputado del MAS Marco Borda– en el que prometen que “No proseguiremos la acción penal en contra de los imputados, siempre y cuando se dé el fiel cumplimiento del mismo”.
Ese documento privado es luego adjuntado como respaldo de la solicitud presentada ante la fiscalía para dejar sin efecto el proceso argumentado que se habían ”resarcido los daños a la parte querellante”.
En opinión de Albarracín, “ello quiere decir que los miembros del Colegio de Abogados de Potosí recibieron dinero para desistir del juicio penal, o sea, primero se querellaron y luego fueron comprados por la parte contraria” y, asimismo, que quienes promovieron estos hechos ilegales «manejan a su antojo a las autoridades judiciales».
Detalló que las irregularidades cometidas en este caso “llegan al extremo que para el desistimiento se cita como base legal del acuerdo transaccional la ley 348, sin embargo esta norma se refiere a los delitos de violencia contra la mujer y no guarda relación con el mismo”.
Albarracín anunció que este caso no quedará en la impunidad puesto que la UMSA demandará a quienes encubrieron los delitos y exigió “la renuncia del magistrado que inmerecidamente ejerce en el Tribunal Supremo de Justicia”.
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