Hasta el mes de noviembre de 2017 Bolivia registra el déficit comercial más elevado en 17 años con 1.127 millones de dólares, superior a los 997 millones de dólares que se registraron en similar periodo de 2016. Solo en la gestión 2000 se había registrado un déficit tan elevado cuando la cifra negativa llegó a los 774 millones de dólares.
El informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que al mes de noviembre el valor de las exportaciones creció un 9 por ciento, 612 millones de dólares, en relación a la gestión 2016, pero las compras se incrementaron un 10 por ciento, 742 millones de dólares.
El presidente del IBCE Antonio Rocha Gallardo en 2015 ya advertía este problema “lo que exportamos ya no nos alcanza para financiar lo que importamos”, además decía que “Bolivia es uno de los países que mayor coeficiente de apertura tiene en el mundo, con más del 70%, por eso lo que pasa afuera le impacta tanto y tan rápidamente”.
Este escenario es peor de la crisis internacional de 2009 “el único año de crisis en más de una década de bonanza internacional”, incluso en esa gestión se registró un superávit de 822 millones de dólares. La propensión a comprar productos extranjeros continúa su tendencia elevada.
Rocha sugería en ese momento, en materia de exportaciones, liberalizar, facilitar y promover las exportaciones no tradicionales, como una alternativa al gas y a la venta de minerales; repriorizar la inversión pública en infraestructura logística y facilitación del comercio exterior para disminuir el sobrecosto de ser un país geográficamente enclaustrado; garantizar la seguridad jurídica y la institucionalidad en beneficio de la empresa formal, así como la legalidad y transparencia en las entidades públicas y privadas; una política salarial ajustada a la realidad de los sectores productivos; además de disminuir costos.
En materia de las importaciones se proponía defender el mercado interno con la aplicación de salvaguardias; combate integral, frontal contra el contrabando y la defraudación fiscal; aumentar el número de contribuyentes con la formalización, entre otros.
Como se observa, el Gobierno hizo caso omiso a estas recomendaciones y la tendencia parece convertirse en una norma desde 2015.
