El juez primero Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dispuso ayer miércoles la detención domiciliaria para el destituido fiscal Ricardo Condori Machicado, imputado por la violación de su hija de 16 años.
La madre de la menor rechazó la determinación. «Yo quiero que él esté en la cárcel. No porque él es fiscal va a tener esos privilegios, quiero que entre a la cárcel como el violador que ha sido. Toda su familia nos está amenazando, su hermana ha venido a agredir a mi hija. Pido justicia, por favor ayúdenme”, dijo.
Asimiso, la resolución que será apelada por la abogada Mónica Nina. «Tenemos tres días para apelar la resolución del juez que no desarrolló una correcta valoración y favoreció al imputado con medidas sustitutivas, entre esos, arresto domiciliario, arraigo y garantía de 15.000 bolivianos», dijo.
La jurista manifestó que como abogada de la víctima no está de acuerdo con la resolución, porque la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece para esos casos la «detención preventiva» y esto fue obviado.
«Nosotros no estamos conformes porque estamos hablando de una adolescente de 16 años de edad, cuya vida fue arruinada por su propio progenitor, que atenido a su dinero amenazaba a toda la familia», manifestó.
Nina indicó que desde el punto de vista psicológico la adolescente está mal, ya que por el poder y el cargo que ostentaba el padre no denunció la agresión sexual de la que fue víctima varias veces desde agosto de 2016.
Denunció que el juez ordenó que la audiencia sea reservada para «vulnerar el debido proceso» y el imputado presentó en la audiencia cuatro abogados para que asuman su defensa.
Entre tanto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, emitió el memorando de destitución en el que le agradecen a Condori los servicios prestados como Fiscal de Materia III. «A primera hora firmé su destitución y se la mandó vía fax (a La Paz)”, declaró Guerrero. Añadió que tras conocer que la autoridad jurisdiccional dictó la detención domiciliaria instruyó que «se apele esa decisión”, porque «no se encubrirá” a ningún miembro del Ministerio Público cuya misión es proteger los derechos de la ciudadanía.
Fuente: ABI y Página Siete
