RC Noticias | Política y economía
Rodrigo Paz Pereira cumplió su primer año como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2026, pero el aniversario encuentra a su Gobierno lejos de varias de las expectativas que acompañaron su llegada al poder. La promesa de un nuevo ciclo político, con una economía recuperada, un Estado más eficiente y una redistribución de recursos para las regiones, contrasta con compromisos que siguen pendientes, una actividad económica en retroceso y una sucesión de controversias que ha puesto bajo cuestionamiento a autoridades e instituciones estatales. La pregunta que resume estos doce meses es incómoda, pero necesaria: ¿el Gobierno está dedicando más energía a resolver los problemas del país o a responder a los escándalos que surgen en su entorno?
El balance no parte solamente de las críticas de la oposición. El periódico El País de Tarija, en una investigación publicada el 8 y actualizada el 9 de noviembre, revisó 364 normas aprobadas o emitidas durante el primer año de gestión y las contrastó con las 117 estrategias del programa electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC), denominado “Agenda 50/50: política al servicio de la gente”. El resultado fue que 15 estrategias tenían una norma que ejecutaba su objetivo central, 34 registraban avances parciales, dos habían sido revertidas y 66 no contaban con una norma que las respaldara. El medio advirtió que su metodología mide la ejecución normativa y no toda la actividad administrativa del Gobierno, pero los datos muestran que más de la mitad de las estrategias todavía no tenía respaldo en decretos o leyes.
Por su parte, el trabajo de verificación de ChequeaBolivia, difundido por Correo del Sur el 8 de noviembre, concluyó que ninguna de las 20 principales promesas electorales seleccionadas para su análisis se había concretado plenamente al cumplirse el primer año. Dos fueron consideradas incumplidas, 14 presentaban demoras y cuatro registraban avances adelantados. Las dos evaluaciones utilizan universos y criterios distintos, pero coinciden en un punto: existe una brecha importante entre las ofertas de campaña y los resultados alcanzados.
La economía, el problema que debía resolver primero
La recuperación económica fue uno de los principales argumentos con los que Paz buscó convencer al electorado. Bolivia arrastraba escasez de dólares, dificultades para importar combustibles, caída de la producción de hidrocarburos y desequilibrios fiscales. El nuevo Gobierno sostuvo que necesitaba corregir esos problemas mediante ajustes, cambios en la política energética y nuevas fuentes de financiamiento.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el 30 de octubre que el producto interno bruto (PIB) registró una contracción acumulada del 3,27% entre enero y junio de 2026. En el segundo trimestre, la caída interanual llegó al 5,94%. El organismo atribuyó parte del deterioro a los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, que interrumpieron el transporte de personas, mercancías e insumos en las principales carreteras del país.
Estos datos no permiten atribuir toda la contracción al Gobierno de Paz: la crisis venía de antes y los bloqueos agravaron el escenario. Pero sí obligan a preguntar si las medidas adoptadas durante el primer año consiguieron frenar el deterioro, recuperar la producción y mejorar las condiciones de vida de la población.
El Ejecutivo retiró parte de la subvención a los combustibles, modificó el régimen cambiario y buscó financiamiento internacional. Son decisiones concretas, pero sus resultados deben medirse por el comportamiento de los precios, el empleo, la inversión, la disponibilidad de dólares y la recuperación de la actividad productiva. La estabilidad que el Gobierno espera conseguir no puede evaluarse únicamente por los anuncios de ajuste, sino por sus efectos en los hogares y las empresas.
Del fin de las filas al retiro de la subvención
Paz prometió garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel y acabar con las filas en los surtidores. El compromiso respondía a una de las preocupaciones más urgentes de la población, especialmente de transportistas, productores y comerciantes.
Durante su primer año se adoptaron medidas para normalizar el suministro y reducir el costo fiscal de la importación de carburantes. Sin embargo, el balance de ChequeaBolivia consideró incumplida la promesa de garantizar un abastecimiento continuo y terminar con las filas, al contrastar el compromiso electoral con los problemas que reaparecieron durante la gestión.
El Gobierno también retiró parte de la subvención a los combustibles, una medida que defendió como necesaria para reducir el gasto estatal y corregir distorsiones. La discusión no se limita a si el ajuste era necesario, sino a si se cumplieron las condiciones ofrecidas para proteger a los sectores vulnerables y asegurar un suministro estable.
Si el ciudadano debe pagar más por los carburantes, el Ejecutivo tiene la obligación de demostrar qué beneficios obtiene el país a cambio: menor presión fiscal, suministro regular, menos costos logísticos y una reducción efectiva de la incertidumbre económica. De lo contrario, el costo inmediato del ajuste recae sobre la población, mientras sus beneficios permanecen como una expectativa.
El 50/50: la promesa que todavía espera
La redistribución de recursos entre el nivel central y las regiones fue la bandera política más reconocible de Paz. El 50/50 debía reducir el centralismo y permitir que gobernaciones y municipios dispusieran de mayores recursos para atender las necesidades de sus habitantes.
La promesa tuvo un plazo concreto: durante la campaña, Paz aseguró que presentaría el decreto correspondiente el 9 de noviembre de 2025, un día después de su posesión. Un año después, el compromiso seguía sin materializarse bajo el modelo anunciado.
La investigación de El País de Tarija encontró que la referencia al 50/50 apareció en los considerandos del Decreto Supremo 5503, conocido como “Fast Track”, que fue abrogado después de 27 días. En octubre de 2026 se discutieron propuestas de coparticipación tributaria y nuevas formas de distribución fiscal, pero una negociación o un proyecto legislativo no equivalen a la aplicación efectiva de la promesa original.
Las regiones necesitan conocer cuánto dinero recibirán, desde cuándo, qué competencias deberán asumir y cómo se garantizará que los recursos lleguen a los servicios públicos. La pregunta para el presidente es directa: ¿por qué una promesa presentada como inmediata sigue dependiendo de acuerdos y procedimientos un año después?
Del cuestionamiento al FMI al financiamiento internacional
Durante la campaña, Paz cuestionó la posibilidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) como solución para los problemas económicos del país. Ya en el Gobierno, la búsqueda de financiamiento internacional pasó a formar parte de su estrategia.
La agencia EFE informó el 8 de noviembre que el Ejecutivo había impulsado un acuerdo financiero con el FMI por 1.900 millones de dólares, en un contexto de escasez de divisas y dificultades fiscales. La decisión representa un giro respecto al discurso electoral y obliga a explicar qué cambió entre la propuesta del candidato y las necesidades del presidente.
Acudir a un organismo internacional no constituye, por sí mismo, un fracaso económico. Lo importante es conocer las condiciones del financiamiento, los desembolsos efectivamente recibidos, su destino y las obligaciones que asumió Bolivia. También debe evaluarse si esos recursos ayudan a reactivar la economía o si solo ofrecen alivio temporal a las cuentas públicas.
El Gobierno tiene que explicar por qué recurrió a una alternativa que antes cuestionaba y qué resultados concretos espera obtener para la población.
Una sucesión de escándalos que desplazó a la gestión
La crisis económica no fue el único factor que marcó el primer año presidencial. Una serie de controversias políticas, denuncias e investigaciones judiciales mantuvo al Gobierno bajo presión y alimentó las dudas sobre la transparencia y el funcionamiento de las instituciones.
Uno de los casos más delicados fue el relacionado con Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado al entorno presidencial. Desde agosto circularon grabaciones atribuidas al exasesor, que supuestamente contienen conversaciones sobre nombramientos, decisiones gubernamentales y presuntos negocios. La controversia se amplió con el caso de la modelo Beller y con audios que involucrarían a personas del entorno familiar del presidente y a autoridades estatales.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) informó el 3 de noviembre que las investigaciones del caso Cerimedo-Beller todavía no mostraban avances concluyentes, mientras continuaban apareciendo nuevas grabaciones. Erbol reportó que al menos una docena de audios atribuidos a Cerimedo circuló durante los meses anteriores y advirtió que no todos tenían el mismo origen ni habían sido sometidos a pericias oficiales.
Por tanto, su contenido no debe presentarse como prueba definitiva de delitos. Corresponde establecer la autenticidad de los archivos, identificar a sus participantes y determinar si existieron conductas ilegales. Pero el impacto político ya es evidente: el caso abrió cuestionamientos sobre el alcance de la influencia de un asesor externo y sobre la transparencia de las decisiones gubernamentales.
La respuesta presidencial y las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo tampoco han cerrado la controversia. Mientras no existan resultados verificables de las investigaciones, la incertidumbre seguirá afectando la credibilidad institucional.
El caso de las valijas y las dudas sobre los controles del Estado
Otra controversia que ocupó la agenda pública fue el ingreso de más de 30 valijas por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, que generó preguntas sobre los controles aduaneros y aeroportuarios. El caso fue mencionado por la Agencia de Noticias Fides en su balance editorial del primer año como uno de los episodios que expusieron debilidades institucionales.
La relevancia del caso no se limita al contenido de los equipajes o a las personas involucradas. También plantea interrogantes sobre los procedimientos de control, los registros oficiales y la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares en sus principales puntos de ingreso.
Las responsabilidades individuales deben establecerse mediante investigaciones y pruebas. Pero el Gobierno debe explicar qué falló en los controles, qué autoridades tenían competencia y qué medidas se adoptaron para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El Audi del exministro y las dudas sobre la transparencia
Las controversias también alcanzaron al área económica. La compra de un vehículo Audi eléctrico de lujo vinculada al entonces ministro de Economía, Gabriel Espinoza, provocó cuestionamientos públicos y derivó en una crisis política que terminó con su censura en la Asamblea Legislativa.
El episodio abrió preguntas sobre la transparencia patrimonial, la justificación de la adquisición y la coherencia entre el discurso de austeridad del Gobierno y las decisiones de quienes ocupaban cargos de responsabilidad. Las denuncias y las explicaciones sobre la compra deben evaluarse con documentos y procedimientos oficiales, sin dar por demostrada una irregularidad únicamente por el valor del vehículo.
Sin embargo, en un país sometido a dificultades económicas, cada controversia que afecta a una autoridad de alto nivel eleva la exigencia de transparencia. El Ejecutivo necesita demostrar que las reglas de austeridad y rendición de cuentas se aplican de manera consistente, también a sus propios funcionarios.
La crisis institucional, el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
La situación institucional se agravó con la detención y destitución del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en octubre. EFE informó que el Gobierno lo acusó de liderar una organización criminal vinculada a la protección del narcotráfico. Esas acusaciones deben distinguirse de una sentencia judicial y evaluarse en el marco del proceso correspondiente.
Poco después, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que había salido de Bolivia junto con su esposa y sus tres hijos, alegando falta de garantías jurídicas y amenazas. EFE informó que Saucedo también era investigado en la causa relacionada con Mariaca.
Estos acontecimientos colocan bajo presión a dos instituciones fundamentales para el Estado de derecho: la Fiscalía y el máximo tribunal ordinario. La ciudadanía necesita saber si las investigaciones se realizan con independencia, si se respetan las garantías procesales y si las autoridades pueden ejercer sus funciones sin presiones ni privilegios.
No se puede afirmar que toda denuncia demuestra culpabilidad, pero tampoco es razonable minimizar la gravedad de una crisis que involucra a las principales autoridades judiciales del país.
Un Gobierno que pierde confianza y enfrenta dificultades de gobernabilidad
El primer año también estuvo marcado por tensiones políticas y la pérdida de aliados. Samuel Doria Medina cuestionó el rumbo del Gobierno y su capacidad para materializar el cambio prometido, mientras el vicepresidente Edmand Lara pasó de compañero de fórmula a crítico de la administración.
La investigación de El País de Tarija citó datos de Ipsos Ciesmori según los cuales la aprobación presidencial cayó del 65% en noviembre de 2025 al 38% en junio y al 21% en septiembre de 2026. Estas cifras corresponden a mediciones concretas de esa encuestadora, no a una medición permanente del respaldo ciudadano, pero reflejan una caída importante en la confianza registrada durante el periodo analizado.
La pérdida de respaldo no explica por sí sola todos los problemas de gestión, pero puede dificultar la aprobación de reformas, la construcción de acuerdos y la respuesta a los conflictos sociales. Un presidente que llegó con la promesa de renovar la política necesita demostrar que puede convertir ese mandato electoral en resultados y sostener una relación transparente con la ciudadanía.
¿Más escándalos que resultados?
El balance del primer año no significa que el Gobierno no haya tomado decisiones. Hubo ajustes fiscales, cambios en el régimen cambiario, medidas sobre los combustibles, reducción de ministerios y esfuerzos para conseguir financiamiento externo. Son acciones que deben evaluarse por sus resultados y no descartarse únicamente por su impopularidad.
Pero el contraste es inevitable: mientras varias promesas estructurales continúan pendientes, las controversias políticas y judiciales han ocupado una parte importante de la agenda pública. La crisis económica tampoco ofrece todavía una señal suficiente de recuperación, como muestra la contracción del PIB en el primer semestre de 2026.
El problema para Paz no es solamente que existan escándalos, porque una denuncia no equivale automáticamente a responsabilidad penal del presidente. El problema político es que cada controversia sin una explicación clara, cada investigación sin resultados transparentes y cada promesa postergada erosiona la confianza en la capacidad del Gobierno para conducir el Estado.
Un año después de su posesión, Bolivia necesita respuestas concretas: cuándo se implementará el 50/50, cómo se recuperará el crecimiento económico, qué resultados dejaron los cambios en los combustibles, qué condiciones acompañan el financiamiento internacional y qué medidas garantizarán la independencia de las investigaciones judiciales.
El Gobierno todavía tiene cuatro años de mandato por delante. Pero el primer aniversario deja una advertencia: las promesas electorales no pueden reemplazarse indefinidamente por anuncios, y la gestión pública no puede quedar relegada por una agenda dominada por controversias.
La pregunta que queda para el presidente es si su segundo año estará marcado por resultados verificables para la población o si Bolivia seguirá pendiente de una nueva crisis política mientras espera que se cumplan las promesas que llevaron a Rodrigo Paz al poder.
