A través de un pronunciamiento público, Asosur cuestionó la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0025/2025, que introduce nuevos requisitos para la comercialización de diésel, entre ellos la obligatoriedad de una Declaración Jurada, el registro previo en una plataforma digital de la ANH y la asignación de solo tres estaciones de servicio para el abastecimiento de cada usuario directo.
La norma también limita el volumen máximo por carguío a 1.200 litros, establece mayores mecanismos de control y fiscalización y dispone que, desde enero de 2027, todo el proceso se realice de manera virtual mediante ciudadanía digital.
Según Asosur, estas medidas dificultan la operación normal de las estaciones de servicio y afectan directamente a sectores productivos que dependen del abastecimiento regular de diésel.
Uno de los principales reclamos del sector es que la resolución no define el precio internacional del combustible, lo que según la entidad impide a las estaciones comercializar diésel bajo esa modalidad.
Asimismo, Asosur advierte que la normativa no aclara el tratamiento de la facturación bajo el esquema 70/30 del crédito fiscal, ni el procedimiento para aprobar las ventas una vez que el usuario presente su Declaración Jurada.
“No se deja claro si las estaciones deberán esperar la presentación física del documento, si habrá una aprobación inmediata o si se requerirá validación de otras instituciones, lo que genera incertidumbre operativa”, señala el comunicado.
El sector también cuestiona que la resolución contradiga disposiciones vigentes, como el Decreto Supremo 4910, que permite la comercialización de hasta 5.000 litros mensuales a usuarios directos, mientras que la nueva norma limita el carguío a 1.200 litros por transporte.
Además, se observa la restricción de abastecimiento a solo tres estaciones de servicio, cuando según Asosur todas comercializan el mismo producto y al mismo precio, por lo que no debería existir esa limitación.
Otro punto crítico es la falta de claridad sobre la venta de combustible en bidones, ya que la nueva disposición sugiere la exigencia de una Declaración Jurada, cuando anteriormente solo se requería carnet de identidad y una fotocopia simple.
Ante este escenario, Asosur Santa Cruz se declaró en emergencia y exhortó al Gobierno a garantizar que las políticas públicas tengan coherencia entre instituciones, evitando contradicciones normativas.
El sector pidió que se adopten reglas claras y viables, que permitan la libre comercialización del combustible con controles adecuados, sin generar burocracias innecesarias que perjudiquen tanto a las estaciones de servicio como a los usuarios finales.
