Organizaciones y redes de la sociedad civil organizada de Bolivia y la región manifestaron, a través de una carta pública, indignación por los recientes hechos de conocimiento público suscitados en la carceleta de Monteagudo, donde una adolescente de 14 años que visitaba a un interno fue víctima de violencia sexual, perpetrada supuestamente por un funcionario encargado de la administración del recinto.
Son muchas las instituciones, organizaciones y personas que se han sumado a esta iniciativa de Fundación Construir, la Comunidad de DDHH y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal-ITEI. Apoyan también entes internacionales como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra-Suiza, y el Consejo Internacional por la Rehabilitación de las Victimas de la Tortura (IRCT), con sede en Dinamarca. También, se han sumado organizaciones de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos.
Preocupa a la sociedad civil que la situación de agresión sexual en recintos carcelarios no se trate de un hecho aislado, recordando que en 2019 una ciudadana brasileña denunció haber sido víctima de agresiones sexuales de parte de personal policial en la celda policial de Rurrenabaque (Beni) donde se encontraba privada de libertad y cumpliendo una condena. En este caso, si bien se conoció de manera pública que los supuestos perpetradores fueron imputados penalmente por el Ministerio Público, se desconocieron con posterioridad los resultados del proceso penal y aquellas medidas adoptadas para resarcir a la víctima.
En la misiva, se resalta que el Estado ha ratificado la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Belen Do Pará, de las que se desprende el deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, obligación que comprende la obligación de velar porque los agentes públicos cumplan con estos deberes en el marco del respeto de los derechos humanos. Asimismo, el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Estas obligaciones han sido recogidas en la legislación constitucional y a través de la Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, así como la Ley N° 548 del Código Niña, Niño y Adolescente que establece el deber de precautelar el interés superior y otorga garantías reforzadas para el acceso a la justicia de esta población cuando sean víctimas de delitos.
Es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y la Dirección General del Régimen Penitenciario proteger los derechos de las personas que acuden a visitar a familiares o se encuentran privadas de libertad frente a abusos y agresiones de funcionarios bajo su dependencia, lo cual incluye velar porque cualquier funcionario o funcionaria responsable de la administración de los recintos carcelarios tenga formación en derechos humanos, una conducta ética, moral y psicológicamente apta para resguardar los derechos de esta población.
Por otra parte, de acuerdo a noticias públicas, en el municipio de Azurduy (Chuquisaca), dos personas privadas de libertad aparentemente fueron víctimas de tortura a manos de servidores funcionarios policiales de acuerdo a denuncia emitida por el representante departamental de la Defensoría del Pueblo. Ante lo que recuerdan que Bolivia ha firmado y ratificado tanto las convenciones contra la tortura en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, obligándose no sólo a prevenir, investigar y sancionar estos hechos, sino también – en el marco de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas – a garantizar que las personas privadas de libertad cuando sean víctimas de estos delitos cuenten con la protección adecuada de sus derechos e integridad, así como la posibilidad de emitir denuncias y obtener respuestas oportunas desde la entidades responsables.
Por todos los antecedentes mencionados las organizaciones de la sociedad civil a tiempo de manifestar su preocupación e indignación por los hechos recurrentes de tortura y violencia de Estado determinaron:
- Demandar al Estado que garantice de manera inmediata la protección de los derechos de la adolescente y al mismo tiempo, que otorgue garantías para que estos hechos no se repitan en el futuro.
- Exigir que se realice una investigación inmediata de los hechos, acorde a los estándares de la debida diligencia y la protección de los derechos de las víctimas, generando respuestas oportunas y medidas acordes a la garantía de no repetición.
- Solicitar al Ministerio de Gobierno, Policía boliviana y Dirección de Régimen Penitenciario impulsar medidas de formación y la adopción de protocolos para para garantizar que las y los funcionarios responsables de las cárceles, carceletas y celdas policiales respeten y resguarden los derechos de las personas privadas de libertad.
- Comunicar la intención de la sociedad civil boliviana de constituir una veeduría ciudadana a la gestión y procesamiento de estas denuncias, en el marco de los derechos de participación y control social garantizados por la legislación constitucional y las normas orgánicas que rigen la administración pública.
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