Santa Cruz, 12 de septiembre de 2024. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y un detector en tiempo real de detección de fuego, ha realizado un informe técnico en el que se demuestra que más del 75% de los focos de calor se presentan en tierras fiscales y comunitarias y el 20% en tierras que corresponden a empresas medianas y pequeñas.
Este estudio técnico entregado a las autoridades refleja, según la CAO, una necesidad urgente de acción y cumplimiento por parte de las autoridades y una imperiosa obligación de trabajar con datos reales y no politizados.
Según el informe, un alarmante 78% de los focos de calor se detectaron en tierras fiscales y otras áreas no supervisadas adecuadamente, mientras que solo un 20% se vincula con predios agropecuarios. Este desbalance subraya la importancia de una supervisión y aplicación más rigurosa de las normativas ambientales.
Klaus Frerking, vicepresidente de la CAO, enfatizó la necesidad de una aplicación justa y efectiva de la ley. «Las tierras fiscales, que son las más afectadas, necesitan una vigilancia y acciones correctivas inmediatas para proteger nuestro entorno y asegurar la continuidad de las actividades agropecuarias legítimas. La impunidad no puede ser una opción para quienes infringen estas leyes», apuntó el representante de la CAO este jueves en conferencia de prensa.
El estudio también revela que numerosos productores han enfrentado pérdidas severas debido a los incendios, afectando infraestructura, maquinaria, y recursos esenciales como las pasturas para la alimentación animal, con un impacto directo en la economía local. “Por ello, el mismo productor es el que más lucha contra los incendios”, aclaró Frerking.
En ese contexto, el vicepresidente de la CAO -junto a representantes de sus subsectores- instó a las autoridades a garantizar cero impunidad para los responsables de las quemas, además de sanciones firmes y equitativas para proteger las áreas más vulnerables, para promover un enfoque de gestión sostenible que beneficie a Santa Cruz y al país.
