El diputado Amilcar Barral presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud para que se elabore un nuevo reglamento que incluya sanciones a empresas y encuestadoras que incurran en la manipulación e influencia del voto en el ciudadano con datos sesgados o a favor de un candidato.
El documento de Barral establece que para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, “auditando de manera rigurosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros, desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato».
El asambleísta sugiere que, hasta que la reglamentación sea incluida en la modificación de la actual Ley de Régimen Electoral, se prohíba la publicación de encuestas o intención de voto en medios de comunicación y redes sociales.
El vocal y presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que no existe ninguna restricción para la difusión de encuestas de preferencia electoral porque aún no hay convocatoria a elecciones generales.
Por su parte, el presidente de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, considera que más allá de una norma, se requiere una reglamentación técnica que otorgue una adecuada información a la población, no solo de los resultados, sino de la metodología utilizada.
Para los pasados comicios, Jubileo junto a la UMSA fue censurada a la hora de la emisión de su primera encuesta en «Tu Voto Cuenta». De manera inédita, fue la única información que no pudo salir. Paralelamente, se difundieron diferentes encuestas por algunas empresas con pocos meses de funcionamiento.
En esta línea, para Núñez se hace urgente que, ante el crecimiento de estas empresas y encuestas, sea la población que tenga mayor exigencia a la hora de recibir estos datos y tome en cuenta la ficha técnica de los mismos.
