El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó este martes que la cantidad de candidatos inhabilitados en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca es “bastante grande” y ha generado preocupación en el Órgano Electoral.
- En La Paz, se registraron 9.828 candidatos, de los cuales solo 2.038 fueron habilitados, mientras que 7.790 quedaron inhabilitados.
- En Oruro, de 3.200 postulantes, apenas 433 fueron habilitados y 2.677 inhabilitados.
- En Potosí, de 4.514 inscritos, 829 fueron habilitados y 3.685 quedaron fuera.
- En Chuquisaca, se registraron 1.900 candidatos, de los cuales 475 fueron habilitados y 1.423 inhabilitados.
“La mayoría de las organizaciones políticas lo único que ha hecho es presentar una fotocopia de carnet con el objetivo de buscar después la sustitución de estas candidaturas”, cuestionó Ávila, al señalar que esta práctica evidencia un uso instrumental de los mecanismos legales.
El TSE asumió de manera directa la organización del proceso electoral en estos departamentos, debido a que aún no cuentan con vocales electorales designados. Sin embargo, la problemática se repite en otras regiones del país.
En Santa Cruz, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Antonio Monasterio, confirmó que más del 60% de los candidatos inscritos fueron inhabilitados, principalmente por incumplimiento de requisitos.
La normativa electoral establece que los candidatos deben presentar una serie de documentos obligatorios para ser habilitados. No obstante, el TSE advierte que varias organizaciones políticas optaron por inscribir postulaciones incompletas, con la intención de ganar tiempo y luego reemplazar candidatos, una práctica que ahora pone en riesgo el calendario electoral.
Ante este escenario, el Tribunal Supremo Electoral convocó a una reunión nacional en Santa Cruz, que se realizará el 7 y 8 de enero, para definir una fecha obligatoria de sustitución de candidaturas inhabilitadas. El Órgano Electoral advirtió que el proceso debe ajustarse estrictamente a la ley para garantizar la transparencia y legalidad de las elecciones subnacionales de 2026.
