“Esto ha colmado nuestra capacidad. No recibimos insumos subvencionados como otros sectores y ya no es posible sostener el precio anterior”, declaró Dandy Mealla, dirigente de los panificadores artesanales de La Paz, al confirmar que más de 8.000 panificadores en todo el país están en emergencia. La reunión en la que se tomó la decisión se llevó a cabo el pasado viernes y no dejó margen de duda: el precio del pan subirá, con o sin el aval del Gobierno.
La nueva escala ya comenzó a aplicarse de facto en varios puntos de venta. La tradicional unidad del pan de batalla —que durante años se mantuvo a Bs 0,50 gracias a un frágil acuerdo con el Estado— ahora se vende a Bs 0,75, y en algunos casos dos unidades se ofrecen por Bs 1,50. En los puestos ya se ven carteles que dicen: “No recibimos subvención del Gobierno”, en un gesto de abierta ruptura y protesta.
Mientras tanto, en la ciudad de El Alto, los panaderos independientes confirmaron que también aplicarán el incremento. “Hemos peregrinado cinco años buscando acceder a harina subvencionada, pero seguimos marginados”, denunció Severo Calle, dirigente de al menos 150 productores entre La Paz y El Alto. A diferencia de los panificadores federados que mantienen convenios con el Gobierno, los artesanales e independientes compran su harina directamente del mercado, a precios cada vez más inaccesibles.
En los mercados paceños, el descontrol es evidente: el paquete de 5 kilos de harina se vende entre Bs 40 y Bs 46 en Sopocachi, hasta Bs 52 en Irpavi, y no baja de Bs 38 en la Rodríguez, donde el año pasado costaba Bs 25. La levadura también registra un alza considerable: la fresca se vende entre Bs 8 y Bs 15, mientras que la seca sube de Bs 10 a Bs 12. “Es mejor comprar ahora, porque está empezando a subir y va a estar más caro”, advirtió una comerciante de la Rodríguez.
El descontento va más allá del gremio panificador. Las amas de casa empiezan a notar que la única alternativa —el pan casero— también pierde rentabilidad. “Ahora hacemos panes más chiquitos para mantener el precio”, confesó una vecina en el mercado.
La pregunta incómoda se instala: ¿dónde está el Estado cuando los sectores más vulnerables deben enfrentar solos la inflación de los alimentos básicos? Mientras el Gobierno mantiene silencio sobre una posible intervención o ampliación de la política de subvención, el pan —símbolo de estabilidad social— se convierte en una nueva señal de que la economía popular se resiente, y el malestar empieza a fermentar.
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