Este fin de semana, la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV) coordinó simulacros de deslizamiento en tres zonas de la ciudad de La Paz: Jinchupalla, Valle de las Flores A y Valle Metropolitano. Los vecinos, a través de sus Comités de Emergencia Barrial (COEB), activaron planes de evacuación, rutas de salida hacia puntos seguros y medidas de primeros auxilios, acompañados por personal técnico de la Alcaldía.
La preparación comunitaria se tradujo en organización y respuesta disciplinada. Sin embargo, la ausencia de participación del sector privado volvió a marcar la jornada, pese a que la Ley nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres establece que la gestión de riesgos debe ser compartida entre el Estado y las empresas.
Preparación comunitaria
Los simulacros se desarrollaron en las zonas de Jinchupalla, Valle de las Flores A y Valle Metropolitano. En cada zona se activaron protocolos de evacuación que incluyeron señalización de rutas de evacuación hacia puntos seguros. Personal de la alcaldía cubrió asistencia en rescate y medidas de primeros auxilios, además de evaluaciones geológicas en campo.
La deuda del sector privado
La Ley nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (artículo 3, inciso H) establece que los procesos educativos en gestión de riesgos deben ser impulsados de manera conjunta por el Estado y el sector privado. Sin embargo, en La Paz la participación empresarial sigue siendo mínima.
La Ley Municipal N° 05/2010, si bien no obliga a generar alianzas con privados para simulacros, sí faculta al Gobierno Autónomo Municipal a recurrir a bienes, servicios y obras de emergencia, lo que abre la puerta a una participación activa de este sector.
A pesar de ello, la experiencia muestra que las empresas privadas en Bolivia no participan en los procesos de educación comunitaria ni en ejercicios de preparación, como sí ocurre en países vecinos —Chile, Perú o Argentina— donde operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, activan sistemas de alerta temprana para la población.
En julio el Secretario Municipal de Resiliencia, Juan Pablo Palma, informó que solo en la temporada de lluvias 2024-2025 se atendieron más de 6.500 emergencias en siete meses, con al menos 1.000 familias afectadas por desbordes, inundaciones y deslizamientos.
Obras de mitigación
Paralelamente a los ejercicios de preparación, la SMRGV realiza obras de mitigación estructurales. Entre ellas destaca la estabilización en Kantutani (en 2019 el sector fue afectado por deslizamiento de aproximadamente 8 hectareas), que contempla pilotes, muros de contención y geomallas textiles, con el objetivo de rehabilitar una vía estratégica y devolver seguridad a los vecinos de Cotahuma.
En 2023 la Alcaldia alertó de un deslizamiento activo en el macro distrito San Antonio que afecta a ocho zonas en diferentes grados de riesgo, dos de ellas realizaron el simulacro: Valle de las Flores A y Valle Metropolitano. donde se ejecutan más de más de 100 perforaciones de pilotes y una galería filtrante que desvia el agua subterranéa.
En Irpavi se construye la canalización más larga del municipio, con más de un kilómetro de longitud, que beneficiará a cuatro zonas: Irpavi, Irpavi II, Callapa y Caliri. Todas estas obras están previstas para entregarse en la presente gestión.
Mientras la población cumplen con los protocolos de preparación y el municipio ejecuta proyectos de estabilización y canalización, el gran ausente sigue siendo el sector privado. Su integración a los simulacros y planes de reducción de riesgos no solo es una obligación normativa, sino una necesidad urgente para fortalecer la resiliencia de una ciudad vulnerable por naturaleza.
