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    Bolivia

    Sentencia constitucional respalda a municipios libres de minería, pero el Gobierno y la AJAM mantienen el conflicto abierto

    El Tribunal Constitucional reconoció las competencias ambientales de Alto Beni y mantuvo vigentes artículos de su ley municipal. Sin embargo, el ministro de Minería cuestionó la legalidad de los vetos municipales y la AJAM anunció que continuará otorgando derechos mineros. La disputa enfrenta la autonomía local con la administración nacional de los recursos minerales y pone en el centro la protección del agua, los bosques y la producción agroecológica.
    RC NoticiasBy RC Noticias18 noviembre, 2026No hay comentarios10 Mins Read
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    La discusión sobre los municipios libres de minería en el norte de La Paz volvió a cobrar fuerza después de que RTP Bolivia difundiera los alcances de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que respaldó la competencia ambiental del municipio de Alto Beni. El fallo, emitido en 2024, adquiere nueva relevancia frente a las declaraciones del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, quien sostuvo que estas declaratorias carecen de sentido jurídico, y a la posición de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que anunció que seguirá otorgando derechos mineros en territorios donde los gobiernos locales buscan frenar la expansión extractiva.

    El conflicto no es solamente una disputa entre autoridades. Detrás están las comunidades que buscan proteger sus fuentes de agua, sus suelos y sus actividades agrícolas frente a los posibles efectos de la minería, así como la discusión sobre quién tiene la última palabra cuando las decisiones de protección ambiental de un municipio entran en tensión con las competencias nacionales sobre los recursos minerales.

    El fallo del TCP que respalda a Alto Beni

    El 20 de julio de 2021, el Concejo Municipal de Alto Beni aprobó la Ley Municipal Autonómica 097/2021, mediante la cual declaró a esa jurisdicción del norte paceño como municipio ecológico libre de actividad y contaminación minera. La decisión fue cuestionada ante el TCP por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su entonces presidente nato, David Choquehuanca, bajo el argumento de que la regulación de la minería y de los recursos naturales estratégicos corresponde al nivel central del Estado.

    Después de analizar el conflicto de competencias, el Tribunal emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0097/2024, del 30 de diciembre de 2024. La resolución reconoció las atribuciones del Concejo Municipal de Alto Beni para legislar sobre la preservación, conservación y protección del medioambiente y los recursos naturales dentro de su jurisdicción, además de sus competencias relacionadas con el ordenamiento territorial.

    El fallo declaró vigentes los artículos Primero, Segundo y Sexto de la Ley Municipal Autonómica 097/2021, mientras que el artículo Tercero fue declarado nulo. Por eso, es importante precisar que la sentencia no otorgó a los municipios una competencia ilimitada para administrar la minería, pero tampoco permite desconocer las atribuciones ambientales que la Constitución reconoce a los gobiernos municipales.

    La Defensoría del Pueblo destacó la resolución al considerar que la protección ambiental debe desarrollarse desde los diferentes niveles del Estado, de manera conjunta y coordinada. En el análisis publicado por la abogada Fátima Monasterio, de la Fundación Solón, también se resaltó el reconocimiento de la identidad ecológica de Alto Beni y la facultad de sus autoridades para proteger el territorio en el marco de la autonomía municipal.

    El ministro de Minería cuestiona las declaratorias municipales

    La controversia se reavivó el 3 de noviembre de 2026, cuando el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, afirmó que declararse municipio libre de minería no tiene sentido jurídico porque el aprovechamiento de los recursos minerales es una competencia exclusiva del nivel central del Estado.

    La autoridad calificó de ilegales estas decisiones, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Fides (ANF). Su posición pone el énfasis en las atribuciones nacionales para administrar los recursos minerales y cuestiona que los gobiernos municipales puedan impedir el desarrollo de actividades extractivas mediante normas locales.

    Sin embargo, el precedente constitucional de Alto Beni obliga a analizar el asunto con mayor precisión. La administración nacional de los minerales no elimina automáticamente las competencias municipales de protección ambiental. La cuestión jurídica consiste en determinar cómo deben coordinarse ambas atribuciones y qué límites se aplican cuando el otorgamiento de derechos mineros puede afectar las medidas locales de conservación.

    La sentencia tampoco debe presentarse como una prohibición nacional de toda actividad minera. Su alcance está vinculado con el conflicto de competencias analizado en Alto Beni y con las disposiciones concretas de la ley municipal que el TCP mantuvo vigentes.

    La AJAM anuncia que seguirá otorgando derechos mineros

    El 13 de noviembre, el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Jaime Sanabria, sostuvo que la institución continuará otorgando derechos mineros en municipios declarados libres de esta actividad, debido a que, según su interpretación, la legislación vigente no establece una prohibición expresa para concederlos en esos territorios.

    En declaraciones al programa Sin Concesiones, de Radio Fides, Sanabria explicó que la administración y otorgación de derechos sobre los recursos minerales corresponden al nivel central. También reconoció que los gobiernos subnacionales pueden aprobar normas ambientales para proteger sus territorios, aunque sostuvo que estas deben compatibilizarse con las competencias del Ejecutivo y la legislación nacional.

    El funcionario hizo una distinción fundamental: tener un derecho minero no significa necesariamente contar con autorización para iniciar operaciones. La actividad minera debe cumplir los requisitos ambientales y administrativos correspondientes.

    No obstante, esa explicación deja preguntas pendientes. ¿Qué sucede cuando un derecho minero se superpone con un territorio cuya norma de protección ambiental fue respaldada por una sentencia constitucional? ¿Cómo se resuelve una eventual incompatibilidad entre un trámite nacional y una disposición municipal vigente? ¿Qué medidas concretas adopta la AJAM para garantizar que los derechos otorgados no terminen vulnerando las normas ambientales aplicables?

    Para responder estas preguntas es necesario revisar los expedientes administrativos, las licencias ambientales, la ubicación de los derechos mineros y las resoluciones judiciales pertinentes. Las declaraciones de las autoridades, por sí solas, no permiten establecer si cada autorización es legal o si existe un incumplimiento específico.

    Alto Beni y Palos Blancos buscan una protección más amplia mediante una ley nacional

    El debate también llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 15 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados informó que había aprobado, con modificaciones, el Proyecto de Ley 102/2025-2026 para declarar a Alto Beni y Palos Blancos como municipios agroecológicos libres de actividad y contaminación minera.

    La propuesta contempla prohibir las prácticas mineras en ambas jurisdicciones y evitar la tramitación y otorgación de autorizaciones o derechos para desarrollar esas actividades. También asigna responsabilidades al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos municipales para garantizar su cumplimiento, proteger la vocación productiva agroecológica y ecoturística de ambos territorios y promover actividades relacionadas con la seguridad y soberanía alimentaria.

    El proyecto establece, además, que la AJAM tendría un plazo máximo de 60 días calendario desde la publicación de la ley para aprobar los instrumentos procedimentales necesarios para aplicar las restricciones.

    Sin embargo, la aprobación en Diputados no equivale a la promulgación de una ley vigente. La información oficial publicada por esa Cámara señaló que el proyecto fue remitido al Senado para su tratamiento constitucional. Por tanto, su estado legislativo debe comprobarse antes de afirmar que las prohibiciones ya son obligatorias.

    La propuesta representa un intento de trasladar la protección de ambos municipios al ámbito de una ley nacional. Su eventual aprobación y aplicación podrían cambiar el marco jurídico de la disputa, aunque todavía corresponde verificar el resultado del trámite legislativo.

    El norte de La Paz, entre la minería y la producción agroecológica

    Alto Beni y Palos Blancos son parte de una región donde la producción agrícola, incluidos el cacao y los cítricos, constituye una actividad económica relevante. La defensa de estos territorios está relacionada con la conservación de los suelos, las fuentes de agua, los bosques y las condiciones que permiten sostener la producción alimentaria.

    En el debate también aparecen otros municipios, como Caranavi, Rurrenabaque y San Buenaventura, donde autoridades y comunidades han expresado preocupación por la expansión de actividades extractivas y sus posibles impactos ambientales. No obstante, cada jurisdicción tiene sus propias normas y circunstancias, por lo que no corresponde asumir que todas cuentan con idénticas restricciones legales.

    La discusión no consiste en afirmar que toda actividad minera genera necesariamente el mismo daño, ni en desconocer que la minería tiene importancia económica para el país. El problema es cómo garantizar que cualquier actividad extractiva cumpla las normas, respete los derechos de las comunidades y no comprometa los recursos naturales de los que dependen otras formas de producción.

    Para los habitantes de estos territorios, la protección ambiental no es una discusión abstracta. La calidad del agua, la conservación de los suelos y la estabilidad de los ecosistemas influyen directamente en sus actividades productivas y en sus condiciones de vida.

    Una autoridad minera que también enfrenta limitaciones para fiscalizar

    Otro elemento que merece atención es la capacidad institucional para controlar las operaciones ilegales. En una publicación del 11 de noviembre, ANF informó que la unidad de lucha contra la minería ilegal de la AJAM contaba con un presupuesto anual de Bs 100.000, monto que su coordinador nacional, Marcelo Cáceres, consideró insuficiente para cubrir las necesidades de fiscalización e intervención en el territorio nacional.

    Este dato no demuestra por sí solo que exista incumplimiento de la sentencia de Alto Beni, pero sí plantea una cuestión adicional: la efectividad de las normas ambientales depende también de que las instituciones tengan recursos, personal y capacidad operativa para hacerlas cumplir.

    Una declaratoria municipal, una sentencia constitucional o una futura ley nacional pueden establecer obligaciones jurídicas, pero su eficacia debe medirse por los resultados concretos: control de las operaciones, prevención de daños, respuesta a las denuncias y protección de las comunidades afectadas.

    El nuevo Código Minero puede definir las reglas del conflicto

    La controversia se desarrolla mientras el Gobierno trabaja en una propuesta de nuevo Código Minero. La legislación futura será una oportunidad para aclarar la relación entre los derechos mineros, las competencias ambientales de las autonomías y las restricciones que puedan aplicarse en territorios con características ecológicas y productivas particulares.

    El propio director de la AJAM reconoció que Bolivia enfrenta superposiciones de competencias y conflictos institucionales en la administración de los recursos minerales, y consideró que el nuevo marco legal deberá contribuir a establecer reglas claras.

    La pregunta es si esa reforma incorporará mecanismos expresos para resolver las controversias entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, así como procedimientos que permitan prevenir daños ambientales antes de que una operación comience. También será necesario conocer cómo se tratarán los derechos mineros ya existentes y qué mecanismos de control se aplicarán en territorios con restricciones especiales.

    La pregunta de fondo

    ¿Quién garantiza la protección del territorio?

    La sentencia constitucional sobre Alto Beni establece un precedente relevante para comprender el alcance de las competencias municipales en materia ambiental. La posición del Ministerio de Minería y de la AJAM, por su parte, refleja la interpretación institucional de que la administración de los derechos mineros continúa correspondiendo al nivel central.

    Ambas cuestiones deben examinarse a la luz de la Constitución, la legislación minera, las normas ambientales y el contenido íntegro de las resoluciones judiciales. No basta con afirmar que los municipios pueden prohibir cualquier actividad minera, pero tampoco resulta suficiente invocar la competencia nacional para ignorar las obligaciones de protección ambiental reconocidas por el ordenamiento jurídico.

    El siguiente paso de la investigación debe centrarse en conocer cuántos derechos mineros y solicitudes existen dentro de las jurisdicciones afectadas, cuáles cuentan con las autorizaciones correspondientes, qué medidas de fiscalización se ejecutan y cómo se garantiza el cumplimiento de las decisiones constitucionales.

    Porque el verdadero alcance de una sentencia no se mide solamente por lo que dice el documento, sino también por su cumplimiento en el territorio. Para Alto Beni, Palos Blancos y las comunidades del norte paceño, la cuestión decisiva es si la protección ambiental reconocida jurídicamente se traducirá en garantías efectivas para el agua, la producción agroecológica y la vida de sus habitantes.

    Fuentes consultadas: RTP Bolivia; Agencia de Noticias Fides (ANF); Fundación Solón, a través del análisis de la abogada Fátima Monasterio; Defensoría del Pueblo; Cámara de Diputados de Bolivia.

    Minería en Bolivia Noticia Portada
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