La medida, es asumida por la asambleísta Samanta Coronado junto a otros cinco legisladores, fue presentada ante las instancias judiciales competentes. Los asambleístas denunciaron que Santos Quispe se niega reiteradamente a responder peticiones de informe escrito (PIE) y a proporcionar documentación sobre temas sensibles de gestión pública.
Entre los casos más relevantes figura el hecho donde funcionarios fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en instalaciones de la Gobernación, quienes posteriormente fueron arrestados por ocho horas por la FELCC. Los legisladores solicitaron el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día, sin obtener respuesta.
Otro punto de la petición de informe se refiere a la muerte de una adolescente en una casa de acogida, además de consultas sobre los criterios de designación de subgobernadores y otros procesos administrativos que, según los asambleístas, también fueron negados bajo el argumento de que “la Comisión de Infraestructura no tiene competencia para requerir esa información”.
Los legisladores denunciaron que esta posición del gobernador contraviene la Constitución Política del Estado y la Ley 177 de Fiscalización, que amparan el derecho y el deber de los asambleístas de controlar el uso de recursos públicos y el desempeño de las autoridades ejecutivas.
“Durante más de cuatro años hemos fiscalizado todas las áreas del Ejecutivo Departamental. Hoy, el gobernador impide nuestras labores con argumentos que no tienen sustento legal”, afirmó la asambleísta Samanta Coronado.
La audiencia de Acción de Cumplimiento fue programada para este martes 22 de octubre a las 09:00, en la Sala Constitucional Tercera. Los asambleístas buscan que la justicia ordene al gobernador respetar las competencias fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, garantizando así la transparencia institucional y el equilibrio de poderes dentro del régimen autonómico paceño.
