Tres días después de la tragedia en Colombia, el Gobierno suspendió ayer a los directores de la Administradora de Aeropuertos y Servicio a la Aeronavegación Aérea (AASANA), general Tito Gandarillas, y de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela; además retiró los permisos a la aerolínea boliviana Lamia, en el centro de los cuestionamientos por el incumplimiento de protocolos de seguridad y el accionar del piloto del vuelo en el que murieron 71 personas.
“La DGAC comunica que mediante resolución administrativa No 716 de fecha 29 de noviembre (un día después del accidente, aunque solo se hizo público después), dispuso la suspensión de manera inmediata del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (…) y del permiso de operación otorgado a la empresa Lamia Corporation SRL, reza una nota del ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
Autoridades de AASANA y de la DGDA fueron suspendidas, bajo el argumento de que “no contaminen” la investigación, luego que se conoció que el director del Registro Aeronáutico Nacional, Gustavo Vargas Villegas, es el hijo del gerente General de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa.
La Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (Lamia) que nació en Venezuela a mediados de 2009, sin éxito, operó desde principios de este año desde Bolivia, arrendando sus aeronaves al empresario venezolano Ricardo Albacete.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) autorizó el 13 de enero de 2016 a la empresa aérea Lamia Corporation SRL a prestar el servicio de transporte aéreo comercial de pasajeros, carga y correo a nivel nacional e internacional como “operador no regular” hasta el 30 de julio de 2020. Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó la “licencia indefinida de operación” a la única nave de Lamia, que desde entonces se dedicó a realizar vuelos chárter, respondiendo a contratos específicos, con la particularidad de servir como medio de transporte para equipos de fútbol.
Según versiones de pilotos y dirigentes de clubes de fútbol, la CONMEBOL de forma “indirecta” ofrecía los servicios de Lamia a los equipos deportivos participantes en los torneos de esta entidad. La empresa supuestamente fue instalada en Bolivia con este único propósito: ofrecer bajos costos por sus servicios, algo que la CONMEBOL desmintió en un comunicado.
«Los de la CONMEBOL fueron los que mandaron ese avión», insistió el futbolista paraguayo José Luis Chilavert, al acusar a Alejandro Domínguez, presidente de esa organización, de haber alquilado los chárter mucho más baratos durante su gestión al frente del organismo sudamericano y también cuando fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Según el ex portero, la responsabilidad del trágico accidente aéreo que le costó la vida al plantel del equipo liguero Chapecoense de Brasil, debe recaer en la CONMEBOL y la aerolínea, que transportaba a los brasileños a Medellín, (Colombia), para disputar la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional colombiano.
Plan de vuelo cuestionado
El Informe del Plan de Vuelo del avión con matrícula LMI2399 de Lamia, entregado por su despachador de vuelo Álex Quispe, en el aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz) a la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxliares a la Navegación Aérea (AASANA), Celia Castedo Monasterio, fue cuestionado antes de que la aeronave despegara porque la autonomía de vuelo no era la adecuada, en primer lugar, pero también faltaba un segundo plan alterno, el informe fue mal llenado y era necesario hacer cambios.
La principal objeción de Castedo fue que la autonomía de vuelo y la distancia de Santa Cruz a Rionegro eran las mismas, algo que según los expertos no es recomendado.
Ante las observaciones, Quispe respondió: “No señora Celia, esa autonomía me han pasado, nos alcanza bien… Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila, eso está bien, ahí nomás déjemelo”, relató Castedo. Quispe fue una de las víctimas del sinisestro.
Tras esta revelación, usuarios de redes sociales, entre ellos periodistas y políticos, ligaron el proceder de Lamia al irrespeto cotidiano a las normas que, dijeron, se ha hecho costumbre en Bolivia, ante la inacción de autoridades, y advirtieron responsabilidades del personal del aeropuerto y no sólo de la aerolínea.
