El fiscal Omar Mejillones, quien lleva adelante la investigación, informó que la denuncia fue presentada por pobladores de la comunidad de Chillata, del municipio de Yanacachi. Según la versión del Ministerio Público, Antezana habría intervenido para dejar sin efecto un proceso anterior iniciado por la hija del antiguo propietario del yacimiento —ya fallecido— y dar curso a otro trámite en beneficio de terceros.
“Existiendo ya una resolución donde se había tramitado la extinción por muerte del titular, el funcionario habría aceptado otro proceso y, a través de este, anulado la resolución administrativa que otorgaba derechos al anterior propietario”, explicó el fiscal Mejillones.
El caso se tornó aún más relevante porque el funcionario fue posesionado hace menos de una semana, lo que pone en entredicho los mecanismos de selección y control dentro de la AJAM, una entidad bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.
La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que este viernes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público pedirá detención domiciliaria sin permiso laboral, además de arraigo, firmas periódicas y la presentación de garantes solventes.
El proceso contra Antezana abre un nuevo capítulo de cuestionamientos internos en la AJAM, una institución que en los últimos años ha enfrentado denuncias recurrentes por manejos irregulares de concesiones y conflictos entre comunidades mineras.
Por ahora, el director imputado permanece en funciones, mientras se define su situación jurídica. Desde el entorno de la AJAM no se emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso.
