De acuerdo con la PGE, durante la gestión de Chávez, entre 2021 y 2023, se firmaron 11 contratos para servicios legales que podrían haber sido realizados por abogados de la institución. Se cuestiona que los servicios contratados no siguieron los procedimientos institucionales adecuados o resultaron innecesarios.
El procurador César Siles denunció que, en algunos casos, los abogados externos llegaron a cobrar por minuto de llamada telefónica o por mensajes de WhatsApp. Además, señaló que uno de los adjudicatarios fue contratado sin contar con los documentos de constitución válidos y con un certificado del Seprec caducado.
Los contratos observados ascienden a casi 12 millones de bolivianos, de los cuales 5,4 millones ya fueron pagados. La Procuraduría busca recuperar esta suma mediante el proceso judicial en curso.
Siles enfatizó que quienes provocaron el daño económico deben asumir la responsabilidad y devolver los fondos. Además de Chávez, están involucrados en la denuncia el exdirector administrativo financiero de la PGE y dos personas que se benefician con las contrataciones irregulares.
