LA PAZ – En un paso decisivo para la justicia social y la reparación de daños, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización presentó oficialmente la reglamentación de la Ley 1680. Esta normativa establece un marco de protección integral y reparación para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida en Bolivia.
El acto, calificado como «trascendental», contó con la participación de actores clave de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, entre ellos:
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Aldeas SOS y la fundación Voces Libres.
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Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia.
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La Defensoría del Pueblo.
Un compromiso estatal contra la indiferencia
La viceministra de esta cartera, Jessica Echeverría, enfatizó que la reglamentación no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso ético del Estado boliviano frente a la tragedia que viven cientos de familias.
“La reglamentación de esta ley es el compromiso del Estado, que no queda indiferente ante estos hechos que arrebataron a las madres el derecho de ver crecer a sus hijos y de estos el de poder abrazar a sus madres”, declaró la autoridad.
Alcance y coordinación del sistema de protección
El principal objetivo de la Ley 1680 es optimizar la coordinación entre los diversos sistemas de protección para asegurar que niñas, niños y adolescentes —marcados por el dolor de la pérdida— reciban asistencia inmediata y efectiva.
Echeverría también destacó que esta medida responde a una línea directa del Ejecutivo: “La presente Ley deja un mensaje claro: el Presidente Rodrigo Paz no los va a dejar solos, no los va a abandonar. Esta es una representación histórica”.
Reparación y acompañamiento
Con la puesta en marcha de este reglamento, se busca que los menores de edad no solo cuenten con el respaldo legal necesario, sino con un sistema de apoyo que facilite su desarrollo integral, reconociendo su condición de víctimas indirectas y vulnerables tras hechos de violencia extrema.
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— RC Noticias (@rcbolivia) March 6, 2026
