La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y se sustenta, según el denunciante, en llamadas telefónicas realizadas por el vicepresidente a ministros y viceministros, en las que habría solicitado “pegas” en altos mandos de la Policía Boliviana, bajo la advertencia de impulsar denuncias de corrupción en su contra.
Beckhauser afirmó que se trata de una conducta reiterada y de un uso indebido de la investidura presidencial para obtener beneficios políticos.
“Es una proposición acusatoria de delitos contra el vicepresidente de la República por tráfico de influencias y concusión”, señaló.
Según el activista, estas acciones configurarían chantaje político y presión indebida sobre autoridades del Ejecutivo para la asignación de espacios de poder dentro del Estado.
La denuncia también incluye un segundo hecho, referido a la presunta recepción de 10.000 regalos provenientes —según Beckhauser— de contrabandistas de oro vinculados a una empresa china.
El denunciante sostuvo que esta firma estaría relacionada con actividades que afectan al medioambiente, particularmente por el uso de mercurio en la entrega de oro en el departamento de La Paz.
“Él no puede recibir dádivas de ningún tipo, ni en estipendios, ni en material”, afirmó Beckhauser, al cuestionar el origen de los obsequios.
Detalló que cada regalo tendría un valor aproximado de 50 bolivianos, lo que elevaría el monto total a unos 500.000 bolivianos, cifra que según dijo amerita una investigación para establecer quién entregó esos bienes y con qué finalidad.
Entre las acciones planteadas al Ministerio Público, Beckhauser solicitó la declaración del viceministro Ernesto Jutiniano, quien habría denunciado que el vicepresidente exigía espacios de poder dentro de la Policía.
También pidió convocar a Jaime Solís Phiel, exdirector de Planificación de la Vicepresidencia, señalado como una de las personas que habría advertido sobre la entrega de los regalos y otras presuntas irregularidades.
El juicio de responsabilidades es el mecanismo constitucional para investigar y procesar penalmente a altas autoridades del Estado, y requiere la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su prosecución.
Beckhauser señaló que el objetivo de la denuncia es que se realice una investigación exhaustiva y que, de confirmarse los hechos, se establezcan responsabilidades penales contra el vicepresidente Edmand Lara.
