Las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno argentino, impedirían que bolivianos que radican en ese país puedan ser parte de las elecciones nacionales si estas se llevasen a cabo dentro de un plazo de 90 días, según informa la misión diplomática argentina.
Las elecciones generales fueron aprobadas la semana pasada por la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde se estableció su celebración en un plazo máximo de 90 días a partir del 3 de mayo de 2020, los comicios deberán efectuarse tanto en Bolivia como en el exterior del país.
Según informó el vecino país, de acuerdo a los resultados de la cuarentena que llevan adelante, el Gobierno argentino evaluará la extensión o flexibilización de las medidas de aislamiento. Entre las restricciones, se considera el cierre de fronteras y prohibición de circulación entre provincias, además de los vuelos comerciales.
Bajo estas condiciones, la realización de las elecciones generales de Bolivia en territorio argentino, donde radica la más grande comunidad boliviana en el exterior, se enfrenta a tres factores que no están bajo el control del Estado boliviano, sino de los gobiernos central, provincial y municipal argentinos:
- La autorización sanitaria para utilizar escuelas públicas, como recintos electorales, donde acudirán cientos y miles de ciudadanos bolivianos. En el padrón electoral se tiene a 166.000 electores inscritos en territorio argentino.
- El traslado de los funcionarios y material electorales desde Bolivia, lo cual depende de la apertura del espacio aéreo argentino o de un permiso especial.
- El aislamiento obligatorio de 14 días para bolivianos que hayan arribado a Argentina, habiendo transitado por zonas afectadas por el coronavirus, en referencia al personal del órgano electoral de Bolivia.
El informe concluye que: “De mantenerse ese periodo para la realización de las elecciones generales de Bolivia en territorio argentino, se corre el riesgo de limitar el derecho electoral de los ciudadanos bolivianos residentes en la República Argentina, ya que es muy incierto que las mismas se lleven a cabo en este país”.
EL PAÍS
