El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instó a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz a acatar el fallo constitucional y posesionar a Mario Aguilera al frente de la Gobernación.
Advirtió que, de no hacerlo, los asambleístas se exponen a “la sanción correspondiente”.
“Desde mi punto de vista, se debe cumplir la sentencia que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional. He tenido la oportunidad de leer la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional y dice que la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental debe posesionar de manera inmediata al vicegobernador en calidad de gobernador”, explicó Del Castillo.
La sentencia 1021/2023-S4 fue emitida el 29 de diciembre de 2023 y, en su parte resolutiva, ordena que el vicegobernador asuma “inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz” mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho, quien cumple medida de detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.
En esa línea, instruye al presidente de la ALD cruceña, Zvonko Matkovic, “promover y posesionar la suplencia legal mientras dure el impedimento del Gobernador titular”.
Desde el entorno de Camacho y su alianza, Creemos, se descartó la posibilidad de cumplir con la sentencia del TCP. Matkovic y la asambleísta Paola Aguirre coincidieron en que el TCP no tomó en cuenta la Ley Departamental 293, que regula la ausencia temporal del gobernador.
Para Del Castillo, la Constitución Política del Estado establece con claridad “quién hace una interpretación del ordenamiento jurídico nacional vigente”, y enfatizó que “la única instancia llamada por ley es el Tribunal Constitucional, no la Asamblea Departamental, no la Asamblea Nacional, no un consejo municipal”.
“El guardián de la Constitución Política es el Tribunal Constitucional Plurinacional”, insistió y advirtió que la norma prevé las acciones respectivas en caso de incumplimiento.
“Las normas están hechas para ser cumplidas y así también la sentencia del Tribunal Constitucional, que no requiere un recurso ulterior. La Constitución es clara, la Ley 254 es clara, quien no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una sanción correspondiente”, insistió.
Via: Los Tiempos
