Maziel Terrazas anuncia que pedirá suspender las elecciones tras habilitación del MTS por el TCP

Maziel Terrazas había logrado anteriormente una resolución favorable de la Sala Constitucional de La Paz, que dejaba sin efecto el congreso del MTS del 30 de enero y cuestionaba la legalidad de las decisiones internas del partido. Sin embargo, la Sala Plena del TCP revocó esa sentencia este jueves, restableciendo los derechos del MTS y permitiendo su participación en las elecciones generales.

En reacción al fallo, Terrazas expresó su rechazo y calificó la decisión del TCP como una afrenta no solo personal, sino también institucional. “Voy a pedir la suspensión de las elecciones nacionales. No puede ser que se avalen estas prácticas con argumentos estrictamente políticos”, dijo en entrevista con ERBOL.

Denuncia de vulneración de derechos:

Terrazas denunció que, al restituir la legalidad del MTS, el TCP la deja “en absoluta indefensión”, ya que sigue recibiendo amenazas y siendo víctima de violencia dentro del partido. “Responsabilizo al Tribunal Constitucional por lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos. Mi vida está en peligro”, advirtió.

También cuestionó que el fallo envía un mensaje negativo a quienes quieren incursionar en política, especialmente mujeres: “Nos dicen que los partidos tienen dueños. Esto es un revés para la democracia y la igualdad”, afirmó.

Anuncio de nuevas acciones:

Más allá de la denuncia pública, Terrazas anunció que presentará nuevas acciones legales, particularmente durante la fase de impugnaciones a candidaturas. Además, adelantó que acudirá a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la presunta vulneración de sus derechos y la falta de protección efectiva del Estado.

Este nuevo conflicto añade tensión al proceso electoral de 2025, en medio de una serie de disputas judiciales, denuncias cruzadas y fracturas internas tanto en partidos como en el sistema político. La controversia entre Terrazas y el MTS se suma a un escenario en el que también el Gobierno ha denunciado a Evo Morales por terrorismo y otros delitos, mientras busca contener movilizaciones y garantizar la viabilidad de las elecciones.