La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que desmiente a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) y afirma que el Decreto Supremo 4200, que emitió el Gobierno de Bolivia en la lucha contra el Covid-19, no amenaza la libertad de expresión en el país.
Según la Procuraduría, se realizó un “análisis jurídico minucioso” a las observaciones que había denunciado la HRW y concluyó que el Decreto 4200, especialmente en su artículo 13, “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos”.
La instancia estatal, en ese sentido, justifica su posición en cuatro puntos referidos al mencionado Decreto: La finalidad de la norma es la prevención de desinformación y no la restricción a la libertad de expresión; La prevención de desinformación en temas de salud en un estado de emergencia sanitaria es convencional y constitucional; la norma no establece nuevos delitos ni sanciones penales; y que la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia.
El pasado 7 de abril, Human Rights Watch denunció que el DS 4200 atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.
“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, agregó.
El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
En ese sentido, HRW advierte que el decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como “desinformación” o como actos que “generen incertidumbre a la población”.
“Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, señaló Human Rights Watch.
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