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La ley de pacificación fue consensuada entre el gobierno y organizaciones sociales

La madrugada de este domingo el gobierno transitorio, la Central Obrera Boliviana (COB) y el denominado Pacto de Unidad consensuaron el texto de la ley de pacificación que condiciona el cese de protestas en el país.

El Palacio de Gobierno fue el escenario de la reunión histórica entre la presidente Jeanine Añez, con parte de su el gabinete de ministros, y varios sectores sociales. Son 12 artículos que considera el proyecto de ley, además de una disposición derogatoria del decreto 4078 que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en el control del orden interno del país.

La normativa fue redactada para que se analice y sancione en el Legislativo, este tratamiento está previsto para hoy domingo.

Mas de cinco horas duró la negociación. El comienzo fue álgido por las posiciones radicales que se plantearon.

La ruta del diálogo se encaminaba a que el gobierno deba cumplir un pliego petitorio de los sectores sociales. Por ejemplo, se pedía garantías para dirigentes y autoridades políticas, la no persecución política, indemnización para las familias de victimas mortales en manifestaciones, entre otros puntos.

Los dirigentes acusaron al ministro de Gobierno, Arturo Murillo de buscar la captura de dirigentes. La autoridad aseguró que a la única persona que está en “cacería” es al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Por el lado del gobierno, el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano replicó varias veces las participaciones de los dirigentes, se trataba de un debate técnico y jurídico.

En un momento el titular de la COB Juan Carlos Huarachi demandó voluntad política por parte del gobierno para dar una solución.

El punto común se alivió cuando se pidió aprobar la ley del Movimiento Al Socialismo que pretendía liberar de juicio a Evo Morales y otras exautoridades.

Justiniano aclaró que ese proyecto de ley pretendía aplicar la impunidad para actores que cometieron delito.

Varios sectores aclararon que no tenían intención de encubrir delitos y que se debe sancionar a responsables.

El primer punto en consenso fue la conformación de una comisión conformada entre el gobierno, la Fiscalía y las organizaciones sociales para gestionar la liberación de dirigentes y personas que fueron aprehendidas.

El debate de conceptos fluyó en el momento de analizar la ley del MAS, se llegó a la medianoche del sábado con el desentendimiento sobre el alcance de perfil de la normativa.

Fue necesario la presencia de la presidenta del Senado Eva Copa y del senador Omar Aguilar, ambos del MAS, para que expliquen el perfil de ley.

Justiniano preguntó a los dirigentes si con esta ley se cumplía el pliego petitorio, a lo que le respondieron que no del todo; aún quedaba pendiente el pedido de respeto a la ley de coca y la reivindicación de la Wiphala.

El debate prosiguió y se informó sobre modificaciones a la redacción inicial. La conferencia episcopal que estaba presente, además de observadores internacionales, plantearon algunas variantes sustanciales al texto.

La ley cambió de denominativo y llevó por título: Proyecto de ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano.

Luego de una pausa, para que los sectores en diálogo analicen las modificaciones, se dio lectura al nuevo texto. Una de las variantes que se hizo fue al artículo 7, de garantías para dignatarios de estado, al cual se retiró el nombre de Evo Morales y Álvaro García.

Con este cambio, las exautoridades no podrán ser enjuiciados por la justicia ordinaria por acciones realizadas en el marco de sus funciones de gobernantes.

Sin embargo Morales y García no quedan exentos de responsabilidad penal cometido como exgobernantes ya que se retiró una parte del texto que pretendía amnistía hasta la fecha de promulgación de esta ley, es decir, se buscaba liberarlos de juicio incluso por el tiempo que ya no eran mandatarios, ya que renunciaron el 10 de noviembre.

El gobierno intentó varias veces dar cuarto intermedio en la negociación. El pedido de los sectores sociales fue de consensuar el texto sobre la mesa de negociación para que el Legislativo apure en su aprobación.

La representación de Añez cedió al pedido de los dirigentes, se dio lectura a cada artículo y se consultó el consenso. Hasta las 01.00 los doce artículos fueron acordados.

Se llegó a la disposición última que era la abrogación del decreto 4078 que disponía la acción de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno.

Ese momento fue de traba por las posiciones radicales de algunos sectores como los cocaleros, con Fidel Surco, y el campesino con Rodolfo Machaca.

La ronda de posiciones fue diversa. El ministro de Defensa, Fernando López tomó la palabra y aseveró que la presencia de militares en las calles se debía a la protección de la sociedad de grupos terroristas y para evitar una catástrofe en la planta de Senkata.

La demanda inicial dio un giro con la participación del sector petrolero. Rolando Borda, dirigente de trabajadores petroleros, arguyó que la presencia militar era necesaria en las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Está idea fue argumentada jurídicamente por Boris Villa de la COB, la idea ganó respaldo de otros dirigentes, pese a la desaprobación del sector cocalero.

Al final se quedó en modificar el decreto de las Fuerzas Armadas para que la acción sea sólo de resguardó a empresas estatales.

Los sectores sociales aplaudieron la idea de que tanto la ley para elecciones 2020 y la de pacificación se promulguen juntas a las 17.00 de este domingo. Sin embargo la presidente Añez desairó la idea y dijo que la primera ley se aprobará a las 10.00 y la segunda será por la tarde, siempre y cuando el Legislativo lo sancione.

Murillo develó que el vicepresidente cocalero de la seis federaciones del trópico de Cochabamba, Andronico Rodriguez llegó a La Paz para sumarse al diálogo.

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