Por José Luis Saavedra
Profesor de Teoría y Política Poscolonial
A un año de la guerra imperialista de Rusia contra el heroico pueblo de Ucrania, nos proponemos pensar -desde el libro de Hannah Arendt “Sobre la violencia”- en torno al carácter estructural de la violencia, ya que no sólo afecta e impacta genocidamente en las poblaciones humanas sino también en los bienes comunes de la naturaleza, los ecosistemas y el medio ambiente.
La guerra de invasión rusa contra Ucrania, ha sido planeada por Putin como una guerra relámpago para poner bajo su control al gobierno de Ucrania “en cuestión de días”: ha pasado un año y está lejos de conseguirlo. A pesar de la superioridad militar rusa (atrocidades bélicas, ataques a civiles y crímenes de guerra), la invasión fracasó por la heroica resistencia del pueblo y el ejército ucraniano.
Putin, con delirios expansionistas e imperiales, esgrimió la necesidad de “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania al momento de invadir su territorio. Sin embargo, lo que hasta ahora hemos visto derrumba estas sin-razones: ni Ucrania albergaba armas, ni estaba dominada por tendencias nazis. Es el único país del mundo, además de Israel, que tuvo un primer ministro y un presidente judío (Volodimir Hroisman, de abril a agosto de 2019 y Volodomir Zelenski, desde 2020 hasta la fecha).
No obstante, el régimen de Putin (cada vez más autoritario y fascista) está dispuesto a convertir a Ucrania en un país inhabitable si no se somete: ya hay miles de muertos (280 mil soldados muertos o heridos y 30.000 civiles fallecidos), millones de desplazados, ciudades y pueblos enteros reducidos a escombros, infraestructuras vitales (hospitales, escuelas y viviendas) sistemáticamente destruidas: un año de sufrimiento, crueldad, violencia e irracionalidad.
Esto ya es gravísimo, pero desgraciadamente no es todo: el aire, el agua y el suelo ucranianos también se han contaminado con sustancias tóxicas debido a los ataques a infraestructuras, como refinerías, plantas químicas, instalaciones energéticas, depósitos industriales y oleoductos. Ah y los incendios y derrumbes de edificios se suman al problema (ya de por sí grave) de la misma guerra.
Con todo, decíamos, la violencia moderna colonial y capitalista no sólo se ejerce contra los pueblos, a través de guerras etnocidas y genocidas, sino también contra la Madre Tierra y en realidad contra la vida misma, tanto que hoy asistimos a guerras de carácter biocida, es decir a una compleja serie de depredaciones y devastaciones globales denominadas precisamente ecocidio.
Nos resultaría fácil y cómodo hablar sobre el calentamiento global, la producción de dióxidos de carbono, la desertificación, la deforestación, la contaminación del agua, las descargas industriales, la contaminación del aire, la lluvia ácida, etc.; pero, queremos situar el ecocidio en el espacio concreto del país, para así apuntar hacia problemáticas específicas y establecer las correspondientes responsabilidades, que no son sino del régimen MASista.
Por hoy, nos limitamos a nombrar (de entre muchísimos) tres casos de flagrante ecocidio en Bolivia. Uno, el gobierno de Arce ha decidido reiniciar la construcción de la carretera por el núcleo del TIPNIS, provocando una compleja serie de impactos destructivos en el entorno natural, tales como la contaminación, degradación de paisajes, deforestación, pérdida de bosques (“la pérdida de bosques tiende a propagarse de manera sinérgica alrededor de carreteras recientemente construidas y/o pavimentadas”) y de biodiversidad, además de “consecuencias irreversibles en la región amazónica, donde el paisaje es muy frágil, con una resiliencia muy lenta y una diversidad biológica muy valiosa”.
Dos, la administración del presidente Arce ha resuelto perforar pozos petroleros dentro de la reserva y área protegida de Tariquia, donde -ahora mismo- están ingresando las empresas petroleras a desarrollar actividades de exploración y extracción de recursos naturales. Para ello, se ha recortado el área núcleo de la reserva, donde están emplazados los pozos de Astilleros y Churumas, lo que aumenta el impacto ambiental para los “pulmones de Tarija”. Aquí la inquietud principal es que los desechos hidrocarburíferos vayan a parar a las quebradas. “La preocupación mayor es pues la contaminación del agua y la muerte del Río Grande Tarija”. Así lo denunciaron comunarios y dirigentes.
Tres, el régimen de Arce apaña la contaminación de los ríos de la Amazonia por el mercurio (un elemento químico tóxico para la salud y el medio ambiente) y los consiguientes impactos sobre la salud y la vida de las poblaciones indígenas. Actualmente, “las concentraciones de mercurio, en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, están muy por encima de lo permitido”. Hay pues una peligrosa “afectación a la vida y salud de los pueblos indígenas por la contaminación de mercurio”, tanto que “si no prestamos la debida atención a esta problemática vamos a ver -dentro de muy poco tiempo- problemas de salud muy severos en gran parte de las comunidades indígenas de la región amazónica”. Por ello, exigimos urgente moratoria ecológica en el uso del mercurio.
Para terminar, un par propuestas. Una, Vladímir Putin debe ser juzgado como un criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de justicia internacional permanente y cuya misión es juzgar precisamente a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Otra, el régimen MASista y sus máximos representantes, Morales y Arce, también ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional (CPI) por haber perpetrado -impunemente- el quinto delito de lesa humanidad (según el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la CPI): el crimen del ecocidio, que no es cualquier daño medioambiental, sino un daño de extrema gravedad (extenso o duradero), porque ataca las bases de la vida comunitaria indígena y campesina.
