La Paz, 11 de diciembre. La Sala Constitucional Primera de La Paz, ante la cual la Alcaldía interpuso una demanda de Acción Popular en contra de la empresa Kantutani por el deslizamiento en Bajo Llojeta, ordenó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) intervenir “de inmediato” en la zona para mitigar y recuperar el área afectada por el fenómeno del 23 de noviembre.
“El incumplimiento a esta resolución podría acarrear consecuencias penales para los funcionarios de la Alcaldía si es que no actúan con la inmediatez ordenada por el tribunal de garantías”, opinó Horacio Acosta, abogado de Kantutani.
El fallo establece que es obligación de las autoridades ediles contar con sus propios planes de contingencia para la prevención, mitigación, recuperación… en las áreas afectadas y no menciona que la empresa deba ampliar sus trabajos a otros espacios, como afirmó la directora jurídica del GAMLP, Amparo Morales.
“La resolución establece claramente que la Alcaldía es la única responsable legal de ejecutar los trabajos de mitigación y recuperación. No es cierto, y esto es plenamente verificable con el acta que emitirá la sala constitucional, que Kantutani deba ampliar su plan de contingencia a otras áreas afectadas por el fenómeno, como ha estado difundiendo públicamente el GAMLP”, sostuvo el abogado de la inmobiliaria, Horacio Acosta.
Para emitir su resolución el tribunal consideró que no corresponde que el municipio de La Paz delegue sus responsabilidades a instancias privadas, como había solicitado la dirección jurídica de la Alcaldía en su demanda de Acción Popular.
El tribunal fue más allá y ordenó a la Alcaldía la ejecución “inmediata” de esos trabajos. Además exhorta a las alcaldías de La Paz y Achocalla a poner en marcha todas las acciones que sean necesarias para la mitigación, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas.
Plan de contingencia
Kantutani, a solicitud de la Alcaldía de Achocalla, presentó un plan de contingencia para intervenir el área afectada, para este efecto estableció un centro de operaciones con personal especializado y maquinaria pesada. Luego de varios días de espera, las alcaldías involucradas dieron luz verde al plan y desde hace diez días se realizan trabajos en la zona.
“El plan de Kantutani es un compromiso voluntario, no una obligación impuesta. Pero además, está en plena ejecución desde que la empresa suscribió un acta de compromiso con la Alcaldía Paceña”, concluyó el abogado.
Caso Llojeta: Revés jurídico para la Alcaldía de La Paz
La Sala Constitucional a cargo de procesar la audiencia de Acción Popular interpuesta por la Dirección Jurídica del GAMLP en contra de la inmobiliaria Kantutani determinó que la Alcaldía es la instancia que debe ejercer las funciones en la elaboración y ejecución de sus propios planes de contingencia para la prevención y mitigación, recuperación… en las áreas afectadas por la mazamorra del 23 de noviembre.
El tribunal ordenó a la Alcaldía la ejecución “inmediata” de esos trabajos. Además exhorta a las alcaldías de La Paz y Achocalla a poner en marcha todas las acciones que sean necesarias para la mitigación, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas.
La resolución también establece que el GAMLP es quien debe tomar sus propias resoluciones sobre los compromisos asumidos por la Inmobiliaria Kantutani, es decir, que el plan de contingencia presentado por la empresa tiene carácter voluntario y no puede ser exigido a través de una Acción Popular como la presentada por la alcaldía paceña.
Sin embargo, el tribunal conminó a la empresa a honrar el acta que voluntariamente firmó con el municipio de La Paz para implementar las acciones de contingencia en la zona en los términos acordados.
Escucha el audio de la sentencia:
