Alrededor de 20 se acogieron al asilo; la mayoría de los detenidos son por el fraude electoral en las elecciones de octubre. Hay siete grandes casos y el daño económico a las empresas públicas suma millones.
Más de un centenar de exautoridades del MAS están procesadas, asiladas, buscadas o aprehendidas por delitos que van desde terrorismo y sedición hasta fraude electoral y uso indebido de recursos del Estado. Decenas de casos son aún investigados por la justicia.
Las principales exautoridades, Evo Morales y su entorno más cercano, encontraron asilo en Argentina (ocho personas). En la residencia de la Embajada de México en La Paz aún se encuentran nueve asilados (ver infografía), en México hay dos (Luis Arce Catacora, exministro de Economía, y Tamara Núñez del Prado, exadjunta de la Defensoría del Pueblo); y en la de Nicaragua, Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Hay siete casos que, según contabilizó Página Siete, son los más graves por las consecuencias y por el número de personas implicadas. El fraude electoral en los comicios de octubre es uno de los más impactantes.
33 vocales departamentales de todo el país son investigados por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración de datos y otros, en las elecciones nacionales del 20 de octubre. Todos ellos se encuentran bajo prisión preventiva. También están detenidos los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE): María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz, Édgar Gonzales e Idelfonso Mamani.
Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic), tiene orden de aprehensión, mientras que Sergio Martínez, el asesor del TSE, está prófugo. Martínez fue identificado como el informático que, avalado por algunos vocales del TSE, modificó los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, para favorecer al MAS. Salió del país el 5 de diciembre por Desaguadero.
La más reciente detención fue para Windsor Saire, exjefe de la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicación (Dntic) del TSE.
Caso sedición y terrorismo
Este es el caso más grave que implica al expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión. En este figuran, además, Juan Ramón Quintana, Faustino Yucra Yarwi, dirigente del MAS; Hernán Soliz Morales que fue asistente en el Ministerio de la Presidencia, la exjefa del gabinete de Morales, Patricia Hermosa, que están acusados por los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La investigación se amplió al exministro de Defensa, Javier Zavaleta, y al asambleísta del MAS, Gustavo Torrico.
Bombas molotov
La exministra de Culturas, Wilma Alanoca, está acusada por los presuntos delitos de corrupción y la compra y almacenamiento de combustibles para la fabricación de bombas molotov, con las que supuestamente atacaron la planta de Senkata. También se emitió una orden de aprehensión para Gary Medrano, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por disponer el expendio de 200 litros de gasolina a funcionarios del Ministerio de Culturas.
Otro director técnico de la ANH también es investigado y el Ministerio Público aprehendió al exdirector de Promoción del Ministerio de Culturas, Willy Flores.
Neurona Consulting
Entre 2017 y 2018, la empresa mexicana Neurona Consulting se adjudicó, por invitación directa de la anterior gestión, ocho contratos por 12,4 millones de bolivianos. El Gobierno emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra Gisela López, exministra de Comunicación, por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Además de López, hay otros 23 exfuncionarios involucrados, seis de los cuales guardan detención domiciliaria, entre ellos Nelly Ríos, exdirectora administrativa de Comunicación.
La noche del 10 de noviembre, en medio de la convulsión, grupos de personas quemaron más de 64 buses PumaKatari. Por este caso, Jesús Vera, dirigente vecinal y excandidato a diputado por el MAS, tiene detención preventiva por sospecha de los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir y destrucción y deterioro a bienes del Estado.
La Fiscalía detuvo también a Humberto Claure, exinterventor de Epsas. La Alcaldía de La Paz lo acusó de trasladar a vándalos en vehículos de la institución.
Dirigentes del MAS
El vicepresidente de MAS, Gerardo García, acusado por robo agravado, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro el 25 de noviembre. Ramón Caro, el secretario de Transparencia del MAS, también está con detención preventiva.
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Los buscados
Empresas públicas
El exgerente de Entel, Óscar Coca, y cuatro de sus colaboradores están acusados por pérdidas por más de 1.700 millones de bolivianos en la estatal de telecomunicaciones. Además, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció auditorías en todas las empresas públicas.
En otros casos, 11 personas relacionadas con ATB y PAT y cuatro firmas son investigadas por la supuesta evasión de 430 millones de bolivianos por concepto de impuestos. La demanda también cita al periodista Jaime Iturri y al exministro de Comunicación Iván Canelas como cómplices de la supuesta adquisición irregular de PAT por los actuales dueños.
Williams Kaliman, excomandante de las FFAA, es investigado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y a Nemesia Achacollo, exdirectora del Fondo Indígena, se le revocó la detención preventiva y fue enviada al penal de Miraflores.
