Los pueblos indígenas bolivianos del norte de La Paz impulsarán acciones de resistencia a nivel nacional contra las megaobras de impacto ambiental que impulsa el Gobierno, dijo a Sputnik el representante de la Mancomunidad de Pueblos indígenas del Río Beni y Quiquibey, Alex Willca.
«Vamos a movilizarnos y articularnos con nuestros hermanos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en el departamento del Beni (este), así como los hermanos guaranís en el Chaco donde también existen problemas socio ambientales», declaró el representante.
Willca hizo esa declaración al anunciar que los pueblos indígenas del norte de la Paz que serán afectados por la hidroeléctrica se declararon en emergencia ante la decisión del Gobierno de reanudar los estudios para la construcción de esa obra.
El Gobierno pretende invertir unos 6.337 millones de dólares para la construcción de la hidroeléctrica del Bala y el Chepete en la perspectiva de generar unos 3.676 megavatios para exportarlos al Brasil.
«Estamos en alerta máxima porque el Gobierno ha desplazado nuevamente equipos de la empresa Servicom (subsidiaria de Datacom) y continúan los estudios para la construcción de la hidroeléctrica del Bala y el Chepete«, dijo el representante indígena.
Además, anunció que la semana que viene será clave para los pueblos que viven en la ribera de los ríos Beni y Quiquibey porque constataron además que el Gobierno ha logrado que algunas comunidades estén de acuerdo con la construcción de la represa.
«La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) solo está explicando las supuestas bondades de la hidroeléctrica, pero no los efectos que tendrá sobre las comunidades indígenas que viven en la ribera de los ríos Beni y Quiquibey», dijo delegado indígena.
Según datos de la Fundación Solón, solo la represa del Chepete tendrá un área de influencia de 1.931 kilómetros cuadrados, lo que significa que esta generará una inundación superior a toda el área que corresponde a la ciudad de La Paz que es de unos 472 kilómetros cuadrados.
Se estima que al menos 2.314 personas están ubicadas en las áreas que serán inundadas por las represas del Bala y El Chepete.
Se prevé que hasta fines de 2018 la empresa Datacom entregue el estudio a diseño final para que el Gobierno lance la licitación para la adjudicación de la obra, señala un informe de la Fundación Solón.
«No podemos seguir en esta lucha solos, vamos a unirnos con otros pueblos que también se sienten afectados por proyectos de gran impacto ambiental», remarcó Willca.
En noviembre de 2016, la Mancomunidad de Pueblos Indígenas del río Beni y Quiquibey junto a unas 17 comunidades de la zona realizaron una vigilia de doce días que obligó a la empresa Datacom a retirarse del lugar.
El Gobierno boliviano acusó a los grupos ambientalistas de poner un freno al desarrollo de la región y aseguró que contará con el aval de los pobladores del norte de La Paz para construir la hidroeléctrica.
