La denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia ante el Ministerio Público y se basa en tres bloques de delitos: contra la seguridad interna del Estado, delitos electorales, y desobediencia a resoluciones judiciales. El más grave, según el titular de la cartera, César Siles, es el de terrorismo, por las amenazas de cercar La Paz y promover bloqueos en todo el país.
“El objetivo de estas movilizaciones es vulnerar el orden constitucional y boicotear las elecciones generales”, advirtió Siles en conferencia de prensa junto a los ministros María Nela Prada (Presidencia) y Roberto Ríos (Gobierno). Según el Ejecutivo, las acciones impulsadas por sectores afines a Morales afectan derechos fundamentales como el libre tránsito, acceso a salud, educación y alimentación.
Elementos clave del proceso:
La denuncia incluye como prueba un audio atribuido a Morales, en el que se lo escucha supuestamente instigando a sus bases a cercar ciudades y endurecer los bloqueos. Aunque el expresidente aseguró que se trata de un montaje, el Gobierno incorporó la grabación como elemento de convicción en la causa, anunciando peritajes forenses y protección al testigo que la presentó.
Entre los investigados también figura Susset Rodríguez, militante evista que aparece mencionada en las grabaciones. “No se trata de una o dos personas, hay una red coordinada para instigar al caos y deslegitimar el proceso electoral”, remarcó Siles.
Además del nuevo caso, el ministro recordó que Morales enfrenta otras causas abiertas, como la investigación por trata y tráfico de personas en Tarija, donde ya existe una orden de aprehensión y una declaratoria de rebeldía.
Inicio del proceso penal:
La denuncia aguarda ahora ser admitida por la Fiscalía, que deberá designar una comisión de investigadores. Luego se convocará a testigos, autores y partícipes, y eventualmente se emitirán imputaciones formales y órdenes de aprehensión, si corresponde.
Siles enfatizó que el Gobierno no permitirá que “la democracia se sabotee desde las calles ni desde conspiraciones internas”. A su juicio, Evo Morales busca generar una fractura institucional dentro del MAS para frenar las elecciones, tras quedar fuera de la carrera presidencial por decisiones del Tribunal Constitucional.
Este nuevo frente judicial se abre en un momento de máxima tensión política dentro del oficialismo. Morales ha sido inhabilitado como candidato, mientras su exaliado Luis Arce busca consolidar su postulación y mantener la estabilidad del proceso electoral previsto para el 17 de agosto. En este escenario, las denuncias y movilizaciones se convierten en piezas clave de una batalla por el control del MAS y del relato público.
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